Ámbito Financiero, 21/03/2005

Jesús Leguiza

Fundación de Estudios para el Desarrollo Económico y Regional de Argentina (FEDERAR)

Sorprende la amenaza de Monsanto para cobrar regalías en puertos de destino. ¿Acaso no se cobraron regalías en las licencias que otorgaron o en las semillas que los licenciatarios vendieron?. ¿Existe venta de semillas en negro?.

Hace algunas semanas decíamos, en esta misma sección, que en materia de semillas no se puede confundir regalías con evasión, con venta de semillas en negro. Discusión, entre el Gobierno y la empresa, que lleva más de seis meses. “Negociación” entre la empresa y las entidades del agro que insumió más de un año.

Nadie en su sano juicio, puede dudar de la correspondencia de aplicar regalías, royalties o derechos de propiedad intelectual a determinados bienes; tal es el caso de las semillas de soja RR.

Como seguramente el público de esta sección conoce, la semilla de soja RR empezó a utilizarse en la campaña 96/97 y ha sido uno de los pilares de la revolución agrícola iniciada en los ‘90. Siembra en innovación tecnológica que hoy se cosecha. El área sembrada con soja pasó de 6 millones de hectáreas a 14,5 millones de hectáreas y la producción saltó de 12,1 millones de toneladas a 31,5 millones de toneladas, en solo 10 años (período 1994/95 – 2003/04). Este incremento explica casi totalmente el aumento de la cosecha argentina de ese mismo periodo.

No existen dudas de las ventajas de usar las semillas de soja RR, así lo evidenció la conducta de todos o casi todos los agricultores sojeros argentinos. Esto constituyó un hecho, algo fáctico, objetivo, libre de interpretaciones, de creencias, juicios o prejuicios de cualquier origen o naturaleza. La explicación y la motivación es muy sencilla: se abarataron sustancialmente los gastos de producción y los rendimientos se mantuvieron casi iguales; con la ventaja adicional de la siembra directa, una gran contribución al cuidado de los suelos y al medio ambiente. Ergo, todos ganaron.

Las compañías de semillas pasaron a vender semillas RR a un precio mayor que las semillas convencionales. El costo de semillas se incrementó en forma significativa, pero con una calidad mayor. Caro pero el mejor !!. Sin embargo, los gastos totales de los agricultores disminuyeron más que proporcionalmente. Éstos fueron los beneficiarios directos y mayoritarios de la innovación tecnológica; se llevaron al bolsillo más de 80 % de las ganancias generadas por la utilización de la nueva semilla, menos las retenciones, claro está. Tampoco aquí existen interpretaciones, creencias o juicios sin fundamentos. Son evidencias contundentes que se ha manifestado en la conducta de miles de productores, diría casi todos.

El precio de la nueva semilla de soja RR incluyó, e incluye implícitamente, las regalías, los royalties o los derechos de propiedad de la innovación tecnológica. Ahora, ¿porqué esta compañía pretende cobrar U$S 15 por tonelada en puertos de destino, en territorios en donde la semillas están protegidas por patentes?. Acaso aquí, en Argentina, la semilla RR no ha sido autorizada, no está registrada y/o no está amparada por la Ley de Semillas 20.247. ¿Monsanto patentó la semilla RR?.- ¿Acaso no otorgó licencias a semilleros o multiplicadores y no cobró, desde 1996, por el uso del gen patentado en otros países?.

¿Es justo que los productores paguen por semillas que no compran a Monsanto o sus licenciatarios?. La mencionada Ley reconoce el privilegio del agricultor argentino, este puede guardar semillas protegidas por derechos de propiedad intelectual para volver a sembrar sus tierras (el uso propio). No necesario viajar a Alemania para pedir Audiencia Pública de la Oficina Europea de Patentes en Munich.

¿Dónde está el problema? ¡¡ Existe comercio de semillas en negro !!. Deshonestos y ventajeros venden semillas genéticamente modificadas en negro, amparándose en el derecho que tienen los productores de almacenar semillas para uso propio. Ellos son quienes están en falta y quienes deben constituirse en el blanco de ataque del Estado y de la misma empresa. ¿Porqué las entidades del agro no denuncian y contribuyen a aclarar y resolver el problema?

¿Cuál es la solución al problema?. Simplemente la aplicación de la Ley de Semillas, con más fiscalización y con más controles oficiales. Solo el 20 % de la venta es fiscalizada, el 80% es evasión. Se puede trasponer los términos de esa ecuación con una ligera modificación de la normativa vigente: no más multas para los evasores, éstos deberán ser penados y sin excarcelación. ¿Habrá que modificar la Ley de Semillas?. Además, ¿será procedente analizar la Ley Penal Tributaria?. Si pensamos, ¿cuál es el rol de la AFIP?.

El Estado no puede ser agente recaudador de las regalías de empresas privadas. ¿Terminará recaudando para Monsanto y/o sus licenciatarias? El gobierno cobrará nuevas retenciones; solo que ahora con el nombre de regalías extendidas, en realidad, serán retenciones extendidas. Debe controlar mucho más el comercio de semillas y no necesita aplicar nuevas retenciones, que son las injustas y abusivas regalías extendidas que pretende Monsanto.

Se está jugando sin aplicar las reglas y fuera del campo de juego. La situación existente nada tiene que ver la soberanía nacional ni con el derecho de los productores. Por último, cabe aclarar, que no existen derechos de propiedad universales y que toda traba o impedimento al libre comercio viola las normas internacionales, tanto del GATT como de la OMC. (Ver Nota del 03 de marzo del 2005, en esta sección ).

Jesús Leguiza – Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

Marzo/2005

El mayor programa de Inversión pública para la producción agropecuaria y el desarrollo rural en las provincias.

A partir de 1986, desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y posteriormente como Subsecretario de Economía Agraria de la SAGyP*, he tenido la oportunidad de liderar la gestión de varias operaciones de financiamiento de inversiones Públicas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), la cooperación de Japón y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

Esas operaciones fueron, entre otras: a) el Programa de Crédito Global Agropecuario, de 300 millones de dólares, la primera línea de préstamos para inversiones productivas de largo plazo del Banco de la Nación Argentina desde la reforma del sistema financiero de 1977 y con destino a la adquisición de maquinaria agrícola y almacenamiento de granos; b) el Programa de Crédito Agroindustrial y Pesquero, de 400 millones de dólares, que constituyó el apital inicial de operaciones del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), y c) el  Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios (PROMSA), de 100 millones de dólares, que permitió poner en marcha varios mecanismos de la reforma del Estado para fortalecer funciones en la prestación de servicios a los productores.

El PROMSA posibilitó que el SENASA se modernizara en equipos y laboratorios y que capacitara a su personal para desarrollar las campañas de vacunación que terminaron con la aftosa después de 100 años de lucha.

Permitió también que el Instituto Nacional de Semillas (INASE), creado en 1991, diera sus primeros pasos al igual que el Instituto Argentino de Sanidad y Calidad Ve g e t a l (IASCAV), creado un año después, con importantes laboratorios. Mediante el PROMSA, el INTA se sumó a los avances de la biotecnología y dispuso del laboratorio de fibras textiles más moderno de América, y el Instituto Nacional de Pesca (INIDEP) volvió a equipar su flota de investigación pesquera, con la modernización de los buques “Oca Balda”, “Holmberg” y “Cánepa”, y construyó dos Centros de Promoción Acuícola (de aguas frías en San Martín de los Andes y de aguas cálidas en Corrientes). La Secretaría, a través de los Programas PROMEX (Promoción de Exportaciones de Productos de Base Agrícola No Tradicional) y PROCAR, tal como hacían las ex Juntas de Granos y de Carnes, dio los primeros pasos para la creación del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA ), puesto en marcha durante la gestión del secretario Marcelo Regúnaga.

En 1992, junto a Mark Wilson, funcionario del BIRF, confeccionamos una cartera de proyectos que, en diez años, deberían atender la necesidad de modernizar los servicios agropecuarios de las provincias, consolidar la participación de la SAGyP en la lucha contra la pobreza rural y sentar las bases para el desarrollo forestal. Nacieron así, los programas PROSAP, PROINDER y PRODEFOR (acrónimo nunca usado), todos actualmente en exitosa ejecución.

En 1993, Martín Galíndez se hizo cargo de la ejecución del PROMSA y el suscripto se dedicó a la preparación del PROSAP junto a Luis Aráoz. Se recibió el apoyo del BID a través de José Soto Angli, responsable sectorial y Lucio Reca, gerente del banco.

En forma paralela, Miguel Huerga, desde la Secretaría de Relaciones Financieras con las Provincias del Ministerio de Economía, inició la preparación de un proyecto de riego, con el apoyo técnico del Centro de Inversiones de la FAO, en la persona de Selim M o h o r. Los subsecretarios Juan Carlos Pessoa de esa Secretaría y Jorge Ingaramo de la SAGyP, aceptaron posteriormente conformar un solo programa bajo la responsabilidad del área agrícola del mismo Ministerio.

Así, entre otros aspectos, la SAGyP incorporó en su ámbito la temática del manejo de aguas. El PROSAP, además de la modernización de los servicios de sanidad, de calidad, de investigación científica y de promoción comercial, atendió con énfasis, la incorporación de nuevas tierras con disponibilidad de aguas para la ampliación de la frontera de la producción.

La visión de que en la Argentina existe falta de agua, con exceso de obras de infraestructura en las regiones áridas y anegamientos frecuentes, con falta de infraestructura tura en la Pampa Húmeda y el NEA, llevó a establecer esta misión para el PROSAP: en ambas regiones se debía incorporar tierras para la agricultura, la anadería y la forestación, con buen manejo de las aguas. Desde la Subsecretaría de Economía Agraria, luego denominada Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Forestación,tuve la oportunidad de ejecutar la concreción técnica y operativa de esos programas.

Ruy de Villalobos, ex subsecretario, se hizo cargo, como coordinador general, de la preparación del PROSAP, con Miguel Huerga como coordinador técnico. Se contó con recursos de preinversión por 1,5 millones de dólares del Ministerio de Economía y otra cifra similar por parte del BIRF, para elaborarlos proyectos provinciales que justificaron el acceso al financiamiento.

Una vez aprobado el PROSAP p o r ambos bancos y el Ministerio de Economía, se inició la etapa de ejecución, bajo la coordinación de Antonio Morlio, con un presupuesto de 336 millones de dólares. A fines de 1998, momento en que dejé la función de Subsecretario, por el alejamiento del secretario Felipe Solá, se habían incorporado formalmente al Programa las provincias de Mendoza, Neuquén, Tucumán, Chaco, La Rioja, Corrientes, Chubut, Santa Fe y Entre Ríos, todas con proyectos preparados y leyes de adhesión sancionadas.

Mucha expectativa despertaban los proyectos de riego de Colonia Centenario en Neuquén, la ampliación del canal San Martín en Mendoza, el manejo de la cuenca del Tapenagá del Chaco, los caminos rurales de Santa Fe y la electrificación rural de Misiones, entre otros. En ese año se incorporó un recurso económico adicional, por 50 millones de dólares, el PRODERZAI, programa para subsanar parte de los daños provocados por las inundaciones de principios del ’98. También se ejecutó el Programa de Apoyo a Pequeños Productores del NEA, con una ampliación a la Región NOA (PRODERNOA), ambos financiados por el FIDA, organismo e la FAO. Es importante destacar que tanto el PROMSA como el PROSAP, dos hitos en los servicios agropecuarios contemporáneos cofinanciados por la banca multilateral, fueron operaciones muy difíciles de ejecutar dada la complejidad de los procedimientos operativos y administrativos. No obstante, ambos programas constituyeron modelos para la modernización de los servicios agropecuarios de varios países de Latinoamérica.

Nuevo e importante impulso recibió el PROSAP, a partir de enero de 2002, bajo la conducción de Jorge Neme. Al poco tiempo, con el apoyo del secretario Miguel Campos, ha logrado la concreción de obras de infraestructura que perdurarán por muchos años. La gestión de ambos funcionarios logra un reconocimiento extraordinario en momentos en que lamayoría de los programas de similares características se cancelaron o se reestructuraron por falta de ejecución.

El Banco Interamericano de Desarrollo otorgó una fenomenal ampliación por 200 millones de dólares adicionales para expandir el accionar del Programa, hecho que no sucede con frecuencia y que merece ser destacado.

Manifiesto mi reconocimiento a los señores Miguel Campos –secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos– y Jorge Neme –responsable del PROSAP– por el impulso renovador que le han otorgado a la ejecución del Programa, y por la consideración que ambos han demostrado hacia el esfuerzo precedente de todos los funcionarios y técnicos de la administración central y de las provincias para materializar el éxito de un Programa que ha abierto un rumbo innovador en el desarrollo agropecuario de las provincias.

http://www.prosaponline.gov.ar/prosapwebsite/webDocs/2_capitulo_1.pdf

Ámbito Financiero – 02/03/2005

Jesús Leguiza-Fundación FEDERAR

Hace falta una visión estratégica de largo plazo y reconocer el pago de regalías.

Generalizar con la baja rentabilidad sectorial es abrir el paraguas cuando todavía hay sol. La rentabilidad es baja si se la compara con los extraordinarios precios internacional es de mediados de los noventa y los precios de las tresúltimas campañas. Los precios son cíclicos y ahoraestán volviendo a sus valores históricos. Los productores y el mismo Estado tienen que hacer de nuevo los cálculos; los primeros para no perder y el otro para bajar o eliminar las retenciones; ni siquieraeso, solo tiene sustituir por un adelanto a cuenta del impuesto a las ganancias que pagan los productores.

Ahora, la rentabilidad no esbuena, entre otras cuestiones, porque el Estado no hizo los deberes y pretende seguir quedándose con una parte del negocio. Igual se puede quedar, pero de otra forma.  Uno se pregunta: ¿Lo recaudado por las retenciones, van a un fondo de afectación específica ?.  ¿Se destina realmente la recaudación para los planesalimenticios y los planes  nutricionales, como en su momento se argumentó y/o se justificó?.

“El problema no es que mientas, el problema es que te crea”.

La realidad, y desde hace más de 50 años, esque la Argentina no ha logrado establecer una política fiscal seria para el agro, solo fueron políticas confiscatorias. Además, el Estado puede recaudar dado existe la tecnología de control desde hace más de 20 años (sistemas de información geográfica e imágenessatelitales). La Administración Central abusa de su autoridad para implantar retencionesy los organismos de recaudación siempre están a favor de la implantación y/o de la no eliminación: claro, así es fácil de recaudar.  Noes posible que por la ineptitud para recaudar se pregone cualquier argumento a favor de la persistencia del mayor impuesto distorsivo que tiene la Argentina: argumentos tales como que el agro no paga impuestos, quees alta la evasión, quees necesario mantener los precios internos de los productos básicos para no encarecer la canasta familiar. ¿Cuánta soja o cuánto maíz se consume en la Argentina?. Hasta se escribió que las retenciones generaban equidad.

Las políticas activas son políticas de intervención del Estado, por ejemplo, en la formación de los precios; tratan de alguna manera evitar distorsioneso abusos monopólicos. Las retenciones, que afectan a los ingresos de los productores, constituyen una política activa negativa, vaya paradoja.

El agro creció y seguirá creciendo a pesar del Estado. El gran crecimiento iniciado hace casi 15 años y que se ha acentuado en los últimos 10 años, se debió a tres factores técnicos y a tres factores económicos o más: la fertilización, la siembra directa y las semillas transgénicas.  Los factores económicos que han desaparecido, por “políticas activas”, fueron: la libre liquidación de divisas, la declaración jurada de compromisos de ventas al exterior y, por supuesto, la eliminación de las retenciones. Estos factores económicos se eliminaron después de la devaluación y la pesificación asimétrica y los factorestécnicos son los únicos que ahora sostienen al sector, pero no será por mucho tiempo.

¿Regalías sobre la producción?

Ahora se trata de trabajar sobre los costos, aunque la disminución de éstos será casi imposible; tardíamente afloran los efectos de la devaluación: presionesde tarifas, salarialesy, hasta presiones por regalías, en caso de la soja RR.  Entonces es necesario trabajar para evitar que crezcan los costos y/o evitar nuevas fugas de ingresos de los productoreso exportadores; las regalías sobre la producción que son una nueva retención.

En cualquier sana administración de negocios privados, las regalías se tratan como amortizaciones contables, conforman un fondo de recuperación de lo invertido en I&D y forman parte de los costos; esto quiere decir que las empresas semilleras deber cargar sus regalías en el precio de venta de la semilla. Se usan unos 100 kgs de semilla por hectárea para obtener unos 3.000 kgs de producto, caso de la soja ¿es serio yes justo pretender cobrar una regalía sobre el producto obtenido?. En todo caso, se tratarán de valores proporcionales.

Es necesario no confundir avances de la biotecnología con Monsanto y/o sus licenciatarios, como tampoco se puede confundir regalías con lucha contra la evasión. La famosa bolsa blancaes venta en negro. El productor, no importa el tamaño, tiene derecho a guardar el grano para usar como semilla en la campaña siguiente; el producto obtenidoesde su propiedad. Es un derecho constitucional y, además,está previsto en la Ley de Semillas 20.247.

Por otro lado, lo que no está bien es vender semillas transgénicas sin pagar las regalías, debería ser un delito penal.  El Estado tiene el marco legal y el organismo de contralor: La Ley de Semillas y el Instituto Nacional de Semillas, el INASE. Cabría fortalecer a este organismo para el cumplimiento de la Ley.

La visión estratégica de largo plazo esreconocer el valor y la importancia de la agroindustria argentina. El complejo sojero, es la industria más eficiente del país  y esuna de las más competitivas en al mundo. No necesitó la devaluación de la UIA para crecer.  Las empresas procesadoras, dentro de poco tiempo, estarán arañando las 150.000 toneladas diarias de molienda, valores cercanos al crushing diario de EEUU y de Brasil.  Es posible que en un futuro cercano se necesite importar soja de Paraguay y de Bolivia para dar aquí valor agregado, que esuna renta genuina. Para que ello sea posible, el Estado debe atender los problemas de dragado y balizamiento del Paraná al norte de Santa Fe. Son obras públicas útiles y fundamentales que se deben realizar, fortalecer y ampliar para que el agro no entre en crisis estructural.

Es posible que en un futuro cercano se necesite importar soja de Paraguay y de Bolivia para dar valor aquí agregado, que es una renta genuina. Para que ello sea posible el Estado debe atender los problemas de dragado y balozamiento de río Paraná al norte de Santa Fe. Son obras públicas útiles y fundamentales que se deben realizar para fortalecer y ampliar para el agro siga creciendo.

Ámbito Financiero, 17/10/04

Escribe Jesús Leguiza, Ex Subsecretario de Economía Agraria

La cuota Hilton es un cupo de importación que la Unión Europea otorgó a Argentina y a otros pocos paísespara que ingresen carnesde alto valor prácticamente sin pagar arancelesde importación (prelievos).  Esta cuota constituye, al menos en nuestro país y por ahora, la nata del negocio de las carnes. El valor de una tonelada de carne Hilton ha oscilado entre los 4.000 y los 10.000 dólares, aunque hubieron situacionesen que dichos valoresexcedieronesos límites; valoresque significan varias vecessuperior al precio de la carne en el mercado interno.

Cada año, y desde hace tiempo, se suscitan tensionesy protestas por la asignación de la cuota, prerrogativa de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA). Cuando surgen discrepancias es por algo, sin duda. Se llegó al extremo que la Justicia, mediante amparos, otorgue casi el 40 % de la cuota Hilton. Algo que es atribución del Poder Ejecutivo, a través de la mencionada Secretaria.

Es importante que de la sociedad conozca y que los mismos actoresreconozcan:

a) Que la cuota ha sido dada de Estado a Estado; de la Unión Europea al Estado Argentino. Noesde los juecesni de los frigoríficos, independientemente del tamaño y/o localización; y,

b) Queesnecesario tomar la decisión,  por parte del  Ministerio de Economía  y/o la Secretaria de Agricultura, para diferenciar dos conceptos o cuestiones. Una cosaesla localización de la actividad, la industria, y otra cosaesla asignación de la cuota a nivel de firma.

El primero tiene que ver con las reglas, los vectoreso los criterios de localización económica de la actividad (los frigoríficos). Hoy, al menos, noeslo mismo la localización de un frigorífico en Tierra del Fuego o en Jujuy o la localización cerca de los puertos de exportación y obviamente la producción de animales para faena. Alfred Weberescribió, en 1922,, un libro sobre la teoría de la localizaciónespacial, el nacimiento de la economía regional. Para él, y solo a manera de ilustración, existen cuatro factoresfundamentalesde la localización de las actividadeseconómicas (costo de los fletespara la provisión de las materias primas,  costo de los fletesde los productos terminados a los mercados de consumo, costos de la mano de obra y las denominadas economías de aglomeración). Hubieron otros como August Losch y Walter Isard que también contribuyeron eneste sentido. Será necesario entoncesque las autoridadesrealicenestudios económicos serios que justifiquen determinadas localizacioneszonaleso regionales y que sirvan de base para enriquecer sus propios criterios y sus propias decisiones.

Salvado lo anterior, recién se podrá discutir seriamente sobre los criterios de asignación de la cuota Hilton a nivel de firmas o de frigoríficos, como eneste caso. Será necesarioestablecer reglas de juego transparentes, equitativas y con racionalidad económica y social, previo a cualquier decisión.

Existe un proyecto de Ley, entiendo promovido por la diputada Alarcón, que esuna excelente iniciativa porque pone algunos límites, excluye a los frigoríficos en quiebra y trae algo de claridad, pero no essuficiente. Lo que sí essuficiente eslograr transparencia en la asignación de la cuota Hilton, la misma debe ser asignada o distribuida por licitación pública, como cualquier acto de compra o de otorgamiento de un beneficio por parte del Estado. Una licitación pública, además con una contribución para el mismo Estado, por ejemplo 100 dólares por tonelada de base y por mayor contribución (sobre A: propuesta técnica y sobre B: propuesta económica); claroestá, luego de satisfacer previamente condicionalidades en materia sanitaria, impositiva, laboral y, con criterio económico territorial. El Estado tiene en sus manos también el poder y la responsabilidad de defender a sus funcionarios honestos.