AMBITO FINANCIERO. 29 de mayo del 2002. Pag. 18

Jesús Leguiza

En momentos muy difíciles como éstos no queda tiempo para buscar culpables, sea un hombre, un grupo de hombres, una ideología predominante o nostálgica, un modelo o un sistema.  Si las cosas están mal  es seguramente por un conjunto de factores concurrentes, simultáneos y negativos (ineptitud o conspiración?). Las causas provienen del pasado, del presente y también del futuro (expectativas negativas). De lo que no hay duda es que nada se soluciona señalando  a unos y a otros (sean personas, políticas, privatizaciones, bancos, capital extranjero, devaluador, pesificador, etc). Todos son (somos) culpables de todo, como ese viejo monólogo de Tato Bores: “Quién es el culpable” ó, como seguramente es en realidad “todos somos culpables de algo”, ya sea por error u omisión.

Solo tiene sentido, para el bien general, la búsqueda de soluciones aunque sean para enfrentar problemas parciales. No hay ninguna duda que la agricultura, en su sentido amplio, ha sido y es un sector que puede dar una mano muy grande al país.  Tiene la mayor y más veloz capacidad de reacción. Así lo demostró en la década del noventa en la que respondió perfectamente:

a)  a la disminución de aranceles de importación (se adquirió masivamente tecnología, equipos e insumos); 

b) a la desregulación económica (el estado no intervino en la formación de los precios); 

c) a la eliminación de las retenciones (el estado no se apropió de la renta ajena);

d) al ingreso y libre disponibilidad de las divisas provenientes de las exportaciones, 

Con el esfuerzo de los productores y demás agentes económicos, el campo obtuvo, en la campaña 19976/1997,  una cosecha record hasta ahora insuperable.

Además de la contribución que realiza la producción de granos, aceites y otros productos pampeanos, todavía existe lugar para que la forestación y la fruticultura den lo suyo. Estos dos subsectores pueden ayudar a ocupar mucha mano de obra en el campo y sobre todo en las provincias que tienen condiciones especiales, prácticamente todas.

El sector forestal creció, tanto en la faz primaria como en la industrial. El Estado ayudó, acompaño y consolidó este proceso mediante dos instrumentos claves: la Ley de Promoción Forestal Nro. 25.080, sancionada a fines de 1998 y la Ley de Derecho Real de Superficie Forestal, sancionada en el 2001. A manera de anécdota recuerdo, una vez, cuando en el Congreso de la Nación me dijeron: “El derecho real de superficie forestal que ustedes quieren implica modificar Código Civil” -Si, efectivamente era eso-. En realidad, era incorporar un derecho real más al Código Civil, algo sencillo, pero que a nadie se le ocurrió en el país desde la época de Vélez Sarfield.”

El Derecho Real de Superficie Forestal, Ley 25.509, es una figura que permite separar el suelo (la tierra) del vuelo (lo implantado sobre la misma). Es importante porque permite la realización de inversiones forestales, sin necesidad de comprar la tierra (que representa el 50 % del costo)  y con plena seguridad jurídica para propietario de la implantación, éste solo debe pagar arrendamiento por el uso de la misma. Aunque una propiedad esté hipotecada, el  inversor no corre peligro, dado que dispone de una escritura pública que garantiza el derecho real que tiene sobre la forestación.

La incorporación del derecho real de superficie forestal, ha sido una solución parcial para un problema general, pero es quizás más importante que cualquier reforma agraria u otro mecanismo de utilización o “apropiación” de la tierra. 

Ahora, el país necesita una mano, dos y muchas más, es momento de crear un  nuevo derecho real de superficie, en esta oportunidad se necesita avanzar sobre el derecho real de superficie frutícola.

Desde Jujuy y Misiones, como extremos del norte del país,  hasta los valles patagónicos de Santa Cruz y Tierra del Fuego, existe suficiente historia, experiencia, infraestructura, tecnología para un mayor desarrollo de la fruticultura. Los cítricos, peras y manzanas, uvas,   frutas finas, nueces, aceitunas,  son producciones aptas y con mercados de  exportación. 

Se puede incorporar miles de hectáreas de tierra al proceso productivo, se puede realizar la reconversión otras miles de hectáreas de cultivos existentes sin necesidad de crear obras de infraestructura nuevas, que cuestan millones de pesos, sin necesidad de realizar reformas agrarias o iniciar otra “Campaña del Desierto”. 

Para el “derecho real de superficie frutícola” no se necesita presupuesto, solo la buena voluntad de personas idóneas y legisladores dispuestos a ayudar a sus propias economías locales.  

Demos una mano a nuestro país !

Por: Juan Martín Rebolini

Celebro el artículo publicado por Jesús Leguiza en Ambito Financiero, con una muy clara descripción de la necesidad de Argentina de contar con una política agropecuaria y agroindustrial que promueva su crecimiento en base a las exportaciones.

Causa estupor los trascendidos de las nuevas medidas económicas que indican que la devaluación del 30% sería acompañada de control estricto y desdoblamiento del mercado cambiario y reinstauración de las retencionesa las exportaciones.

El sector agropecuario argentino y la cadena agroindustrial atraviesan por una de las situaciones más críticas de su historia, a pesar que la incorporación tecnológica y la incorporación de nuevas superficies a la producción han permitido un aumento del 50% en los volúmenes producidos en los últimos 10 años.

Al momento actual, han desparecido más de 150 mil productores y el interior del país es un claro ejemplo de políticas erróneas durante los últimos 20 años, con la única salvedad del período 1991/95, cuando la desgravación de las actividades productivas y la desregulación de los mercados permitió un proceso intenso de inversiones y crecimiento.

El desarrollo del sistema comercial argentino alcanzó los niveles de mayor eficiencia a nivel internacional de manos de una actividad privada desregulada, con el desarrollo portuario, infraestructura de almacenaje, acondicionamiento y procesamiento; los mercados de futuros y opciones en dólares; instrumentos financieros como prefinanciación de exportaciones y warrants.

La situación económica y financiera de la cadena agroalimentaria en su conjunto no soportaría volver al desdoblamiento cambiario y retenciones a las exportaciones, por los siguientes motivos:

– Precios internacionales de los commodities agropecuarios en sus niveles más bajos históricos como consecuencia de los altos subsidios a la producción en los países centrales, protección en países importadores y crisis económica global.
– Muy alto endeudamiento del sector en dólares y elevada descapitalización, y falta total de financiamiento a partir de esta última campaña debido a la suspensión de programas de las principales proveedoras de insumos y ausencia total del sistema financiero tanto privado como público al vaciarse también el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
– Graves pérdidas por inundaciones en el núcleo de la región agrícola.
– Economías regionales como el arroz, el algodón, el maní, etc., diezmadas por pérdidas de mercado y aumentos recurrentes de carga tributaria durante los últimos 4 años.
– Aumento sostenido de la carga tributaria sobre el sector que se intentó disimular con los planes de competitividad. Crecimiento de los créditos de IVA y ganancias de la cadena comercial en su conjunto, y en la exportación agravada por el retraso en la devolución del IVA.

Si una devaluación del 30%, es acompañada por eliminación del factor de convergencia (5%) y de los reembolsos para productos con valor agregado, reimplantación de retenciones (se especula con un 10%) y desdoblamiento cambiario que podría impulsar una brecha del 10% entre el tipo de cambio comercial y libre, se perdería para el sector todo beneficio de la devaluación y en cambio le quedaría por afrontar las obligaciones en dólares contraída por las inversiones realizadas durante la última década y con el encarecimiento de sus insumos en su mayoría importados o dolarizados.

En definitiva, quiero aún soñar con una Argentina exportadora de valor agregado, donde se observe un crecimiento armónico del interior del país con las grandes ciudades de manos de los sectores productivos privados. Y donde el sector público y el sistema financiero, hoy quebrados, pero que han vivido una gran fiesta durante varias décadas, sean quienes asuman el costo del quebranto de la Nación que han causado. Para la recuperación del país, es fundamental que haya justicia y seguridad jurídica.

El nuevo gobierno que ha logrado juntar un gran acuerdo de voluntades políticas, espero que tenga la grandeza de imaginarse una nación grande e imitar a quienes como Brasil, han transformado su sistema de administración federal y han impulsado un tremendo crecimiento de la economía desde el interior del país.

Ámbito Financiero, 03/01/02

Por Jesús Leguiza

El sector agropecuario se enfrenta, en éstos días, un tiempo de dificultades que exigen a la adminstración pública sectorial acciones rápidas y eficientes. Ya hace más de una semana que los mercados granarios no operan. Desde el gobierno se debe trabajar contra reloj para resolver este tema que excede lo meramente agropecuario, pero que impacta directamente en el sector que más divisas generó, genera y generará para nuestro país. Si el campo exporta en dólares debe seguir cobrando en dólares billete.

La incertidumbre sobre el tipo de cambio, la liquidación de divisas y la política monetaria han frenado también todas las operaciones internas: la venta de productos (trigo principalmente), la compra-venta de insumos y hasta las contrataciones de servicios. Más allá de las medidas que se anuncien, es importante que el sector defienda lo suyo, lo genuinamente suyo. El gobierno debe ser consciente del aporte que la cadena agroindustrial ofrece a la economía Argentina y, por ello, debe mantener el  reconocimiento histórico dado en los ’90.

Retenciones

En este sentido, es fundamental que se dejen atrás viejos fantasmas, como los de las retenciones a las exportaciones, que durante casi 30 años frenaron al campo y cuya eliminación (junto  la liquidación libre de divisas) generó el despegue de nuestra agricultura en la última década. Un despegue no menor, de 40 millones de toneladas a casi 70 millones de toneladas de granos y otros productos.

Defender lo suyo es no aceptar “políticas de Estado” de precios diferenciales, retenciones, imposiciones distorsivas, tipos de cambio diferenciales (comercial y financiero), tasas de interés altísimas  y cualquier otro tipo de regulación o “intervención” burocrática de los mercados.

Volviendo a lo inmediato, se debe buscar restablecer el normal funcionamiento de los mercados y la cadena de pagos, es urgente !!!. Es una prioridad y obligación de la gestión pública agropecuaria que, en el corto plazo (60 días), se resuelvan los problemas de endeudamiento y financiamiento del sector. Al mismo tiempo, se deben encarar gestiones con las empresas proveedoras e importadoras de insumos y los bancos para acelerar la puesta en marcha de los créditos de la próxima campaña.

A diferencia de otros sectores de la economía, el campo y la producción de alimentos está y no se encuentra con las manos vacías. Por ejemplo, las estimaciones de producción de granos indican que podrían superarse los 67 millones de toneladas de la campaña pasada. Es nuestro deber, como argentinos, que este esfuerzo productivo sea reconocido y se potencie como una fuente de riqueza tanto para el sector como para la  recuperación argentina.

Por ello, quiero destacar que el Gobierno debe mantener los Planes de Competitividad, cumplir con las leyes especiales (forestal, pesca, lanas, tabacos, etc) y generar nuevas herramientas que sustenten el crecimiento del sector para una  rápida  la reactivación de la economía . También, por este motivo, considero muy importante el rol del Instituto Nacional de Semillas (ahora Dirección,  INASE),  el SENASA y el INTA como garantes de una política, sanitaria, de la investigación  científica y de desarrollo biotecnológico, acorde con las demandas de los mercados más exigentes.

No ocultar más los problemas sanitarios

La reaparición de la aftosa, que fue un duro golpe para nuestro sistema sanitario y para el sector de ganados y carnes, nos hizo retroceder a los peores años de la ganadería Argentina. La sanidad animal, debe ser una prioridad, pero nó la única . En los últimos trimestres del 2001 se ha trabajado duro para revertir esta situación, pero en el 2002 se deben multiplicar los esfuerzos para la erradicación definitiva de los focos. El esfuerzo debe ser de todos, los productores y el estado.  De nada sirven las políticas de la chequera fácil. Este tema, el de la aftosa, se debe resolver cuanto antes para recuperar los mercados perdidos.. La sanidad vegetal también es fundamental, no se pueden ocultar los problemas sanitarios, se pierden mercados y lo que es peor se pierde confianza y credibilidad en el mundo.

Mientras se trabaja como un bombero para resolver los problemas de corto plazo, se debe  además elaborar un Plan de Acción a 2 años y pergueñar (¿?) un Plan Estratégico internacional  de largo plazo que ofrezca políticas seguras para el agro y la industria vinculada.  Estas políticas serán la base para una nueva Revolución de las Pampas; solo así, sin voluntarismos vacíos, el país podrá crecer en forma sustentable en lo productivo y agregando valor en lo industrial.

Pensemos. ¿qué distinta sería la realidad del país?, si el campo pudiera superar los U$S 9.000 millones de exportaciones en productos agroalimentarios que se generaron en el 2001; esto hecho  constituye uno de los principales aportes de divisas genuinas al país. Debemos estar convencidos que ante la disminución de inversiones directas del exterior, el rol de la exportación será esencial.

Debemos generar las políticas que promuevan tanto la producción como la exportación, de productos primarios y elaborados; que faciliten la inversión en investigación, tecnología e infraestructura y, que logren un marco de estabilidad y previsibilidad para el desarrollo de la actividad; solo así podremos “cambiar el rumbo” de nuestro país, y volver a instalar la esperanza en un futuro próspero para el campo argentino.

Es condición necesaria que la conducción pública agropecuaria tenga una clara visón estratégica, un conocimiento sistémico de las cadenas de valor,  que se inspire en el interés general, que pueda observar los hechos sin mesquindades subsectoriales, que sepa ver los cambios globales e institucionales, que razone como un científico y que sea sagaz como un buen político y, sobre todo, que pueda actuar rápidamente, en lo micro, para aprovechar las oportunidades comerciales, tanto para los productos pampeanos como los ofrecidos por las economía regionales.

Y es condición suficiente reconocer que el campo es patrimonio nacional y que solo se defiende con  firmeza no abandonando el principio básico que lo sustenta: de libertad de mercados, sin regulaciones caprichosas, arbitarias.  La excepción, está en mantener o ampliar las políticas “activas” de ayuda al pequeño productor en situación de pobreza, principalmente del NEA, NOA y la Patagonia.

Jesús Leguiza – Mayo de 1992

La economía argentina ha estado fuertemente regulada y el origen de este problema se remonta a los años 30, cuando para dar respuesta a la crisis mundial muchos países iniciaron un proceso de fuerte intervención de sus gobiernos en la economía (p.e. la creación de las Juntas de Granos y de Carnes, el BCRA …). Con el avance de los años este comportamiento se multiplicó hasta que, por una compleja y amplia telaraña de regulaciones, el crecimiento económico, que se caracterizó por ser lento, se estancó y la inflación se volvió crónica (estanflación).

Al principio las regulaciones se orientaron al control de la oferta y la exportación de materias primas y productos agropecuarios; después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60, estas regulaciones se profundizaron con una mayor inserción del Estado en los mercados p.e. nacionalización del comercio exterior con otra cración, el IAPI.

Posteriormente y hasta los años ’70 todas las políticas económicas, salvo pocos intentos, no pudieron desprenderse del comportamiento regulatorio o intervensionista del Estado. Por último, en la década del 80, los problemas de estancamiento, endeudamiento externo e inflación descontrolada acentuaron las medidas de regulación con controles de precios en el mercado interno, con permisos y autorizaciones previas en el comercio exterior, impuestos y aranceles altos, tipos de cambio diferenciales. Todo ello en coexistencia con regímenes de promoción industrial que por un lado aumentaban el deficit fiscal y por otro seguían distorsionando los precios en los mercados, etc.

Así, el Estado terminó sobredimensionado, con descontrol fiscal y en un ambiente de altísima inflación, pocas inversiones, economía cerrada y una notable y ya excesiva regulación económica. Esto ocasionó distorsiones de todo tipo, falta de competencia, alta ineficiencia de los sistemas de producción, innumerables impuestos que deformaban aún más relativos precios, varios tipos de cambio, indexaciones (ajustes de precios con variados índices), etc.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

A fines de 1990, la Argentina inicia una serie de cambios estructurales para hacer frente a los innumerables problemas, pero principalmente para contener la inflación y la desconfianza generalizada de la población: la reforma del estado, la libertad de mercados y la inserción internacional, fueron las bases de una nueva política económica.

La reforma del Estado mediante la búsqueda del equilibrio fiscal, la privatización de empresas públicas y la racionalización del gasto público.

La libertad de mercados se apoya en la desregulación económica, la no intervención ó mínima intervención del Estado en los mercados, tanto en materia de producción de bienes o prestación de servicios, como en la eliminación de todo tipo de trabas para permitir la libre producción y comercio de bienes y servicios.

Asimismo se brindó igualdad de tratamiento a las inversiones locales como a las inversiones extranjeras. Estas últimas, sobre todo, las inversiones directas acompañaron el proceso de privatizaciones y/o concesiones (teléfonos, ferrocarriles, aeronavegación, subterráneos, etc.).

LA DESREGULACION ECONOMICA

Entre la segunda mitad de 1989 y finales de 1990 se dictan tres importantes instrumentos legales: Ley de Reforma del Estado, Ley de Emergencia Económica y un Decreto de Reforma Administrativa.

Las primeras acciones de desregulación se inician en 1989 con la liberación de precios y mercados, se eliminan las restricciones para las inversiones extranjeras y se suprimió toda prohibición de importaciones y regímenes de consulta previa.

En 1990 se impulsa la liberación del mercado de combustibles y recién 1991, con el Decreto 2284 del mes de noviembre, se consolida la desregulación de manera sistemática e integral. Se desregula el mercado interno de bienes y servicios, el comercio exterior, se eliminan regulaciones públicas en los mercados de producciones regionales y de industrias de capital intensivo y el mercado de capitales.

La desregulación del mercado interno de bienes y servicios se inició con la suspensión de la Ley de Abastecimiento y el monopolio de los mercados concentradores de productos frescos, se eliminaron las restricciones de acceso al mercado del comercio minorista y sus limitaciones horarias. Los servicios profesionales también fueron desregulados. Se disolvieron organismos reguladores, gran parte de ellos, relacionados con la actividad agropecuaria.

La liberación del comercio exterior consistió en la derogación de los permisos y cuotas de importación, consultas previas, autorizaciones para la exportación, régimen de compre nacional en contrataciones públicas y se simplificaron los tramites aduaneros

Las regulaciones públicas en los mercados de los productos regionales y en las industrias de capital intensivo consistieron en la eliminación de los sistemas de promoción fiscal y franquicias especiales para la actividad industrial beneficiada (aeronáutica, construcción naval, siderurgia)

Por último, en el mercado de capitales se liberaron las comisiones de los agentes bursátiles, se simplificaron los requerimientos para la emisión de nuevos títulos, se mejoró el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores y se eliminaron impuestos (sellos, transferencias y ganancias).

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD

Por otra parte, el plan de convertibilidad, que parte del conjunto de medidas de política, para lograr la estabilización, fue impulsado en 1991. La convertibilidad se basa en dos premisas fundamentales: a) la moneda debe estar totalmente respaldada en oro y monedas extranjeras, con un tipo de cambio fijo ($ 1 = us$ 1) y sin ajustes de precios mediante mecanismos de indexación; y, b) el gobierno central no puede financiar los déficits con emisión monetaria o con aportes del Banco Central.