Ámbito Financiero, 03/01/02

Por Jesús Leguiza

El sector agropecuario se enfrenta, en éstos días, un tiempo de dificultades que exigen a la adminstración pública sectorial acciones rápidas y eficientes. Ya hace más de una semana que los mercados granarios no operan. Desde el gobierno se debe trabajar contra reloj para resolver este tema que excede lo meramente agropecuario, pero que impacta directamente en el sector que más divisas generó, genera y generará para nuestro país. Si el campo exporta en dólares debe seguir cobrando en dólares billete.

La incertidumbre sobre el tipo de cambio, la liquidación de divisas y la política monetaria han frenado también todas las operaciones internas: la venta de productos (trigo principalmente), la compra-venta de insumos y hasta las contrataciones de servicios. Más allá de las medidas que se anuncien, es importante que el sector defienda lo suyo, lo genuinamente suyo. El gobierno debe ser consciente del aporte que la cadena agroindustrial ofrece a la economía Argentina y, por ello, debe mantener el  reconocimiento histórico dado en los ’90.

Retenciones

En este sentido, es fundamental que se dejen atrás viejos fantasmas, como los de las retenciones a las exportaciones, que durante casi 30 años frenaron al campo y cuya eliminación (junto  la liquidación libre de divisas) generó el despegue de nuestra agricultura en la última década. Un despegue no menor, de 40 millones de toneladas a casi 70 millones de toneladas de granos y otros productos.

Defender lo suyo es no aceptar “políticas de Estado” de precios diferenciales, retenciones, imposiciones distorsivas, tipos de cambio diferenciales (comercial y financiero), tasas de interés altísimas  y cualquier otro tipo de regulación o “intervención” burocrática de los mercados.

Volviendo a lo inmediato, se debe buscar restablecer el normal funcionamiento de los mercados y la cadena de pagos, es urgente !!!. Es una prioridad y obligación de la gestión pública agropecuaria que, en el corto plazo (60 días), se resuelvan los problemas de endeudamiento y financiamiento del sector. Al mismo tiempo, se deben encarar gestiones con las empresas proveedoras e importadoras de insumos y los bancos para acelerar la puesta en marcha de los créditos de la próxima campaña.

A diferencia de otros sectores de la economía, el campo y la producción de alimentos está y no se encuentra con las manos vacías. Por ejemplo, las estimaciones de producción de granos indican que podrían superarse los 67 millones de toneladas de la campaña pasada. Es nuestro deber, como argentinos, que este esfuerzo productivo sea reconocido y se potencie como una fuente de riqueza tanto para el sector como para la  recuperación argentina.

Por ello, quiero destacar que el Gobierno debe mantener los Planes de Competitividad, cumplir con las leyes especiales (forestal, pesca, lanas, tabacos, etc) y generar nuevas herramientas que sustenten el crecimiento del sector para una  rápida  la reactivación de la economía . También, por este motivo, considero muy importante el rol del Instituto Nacional de Semillas (ahora Dirección,  INASE),  el SENASA y el INTA como garantes de una política, sanitaria, de la investigación  científica y de desarrollo biotecnológico, acorde con las demandas de los mercados más exigentes.

No ocultar más los problemas sanitarios

La reaparición de la aftosa, que fue un duro golpe para nuestro sistema sanitario y para el sector de ganados y carnes, nos hizo retroceder a los peores años de la ganadería Argentina. La sanidad animal, debe ser una prioridad, pero nó la única . En los últimos trimestres del 2001 se ha trabajado duro para revertir esta situación, pero en el 2002 se deben multiplicar los esfuerzos para la erradicación definitiva de los focos. El esfuerzo debe ser de todos, los productores y el estado.  De nada sirven las políticas de la chequera fácil. Este tema, el de la aftosa, se debe resolver cuanto antes para recuperar los mercados perdidos.. La sanidad vegetal también es fundamental, no se pueden ocultar los problemas sanitarios, se pierden mercados y lo que es peor se pierde confianza y credibilidad en el mundo.

Mientras se trabaja como un bombero para resolver los problemas de corto plazo, se debe  además elaborar un Plan de Acción a 2 años y pergueñar (¿?) un Plan Estratégico internacional  de largo plazo que ofrezca políticas seguras para el agro y la industria vinculada.  Estas políticas serán la base para una nueva Revolución de las Pampas; solo así, sin voluntarismos vacíos, el país podrá crecer en forma sustentable en lo productivo y agregando valor en lo industrial.

Pensemos. ¿qué distinta sería la realidad del país?, si el campo pudiera superar los U$S 9.000 millones de exportaciones en productos agroalimentarios que se generaron en el 2001; esto hecho  constituye uno de los principales aportes de divisas genuinas al país. Debemos estar convencidos que ante la disminución de inversiones directas del exterior, el rol de la exportación será esencial.

Debemos generar las políticas que promuevan tanto la producción como la exportación, de productos primarios y elaborados; que faciliten la inversión en investigación, tecnología e infraestructura y, que logren un marco de estabilidad y previsibilidad para el desarrollo de la actividad; solo así podremos “cambiar el rumbo” de nuestro país, y volver a instalar la esperanza en un futuro próspero para el campo argentino.

Es condición necesaria que la conducción pública agropecuaria tenga una clara visón estratégica, un conocimiento sistémico de las cadenas de valor,  que se inspire en el interés general, que pueda observar los hechos sin mesquindades subsectoriales, que sepa ver los cambios globales e institucionales, que razone como un científico y que sea sagaz como un buen político y, sobre todo, que pueda actuar rápidamente, en lo micro, para aprovechar las oportunidades comerciales, tanto para los productos pampeanos como los ofrecidos por las economía regionales.

Y es condición suficiente reconocer que el campo es patrimonio nacional y que solo se defiende con  firmeza no abandonando el principio básico que lo sustenta: de libertad de mercados, sin regulaciones caprichosas, arbitarias.  La excepción, está en mantener o ampliar las políticas “activas” de ayuda al pequeño productor en situación de pobreza, principalmente del NEA, NOA y la Patagonia.

Jesús Leguiza – Mayo de 1992

La economía argentina ha estado fuertemente regulada y el origen de este problema se remonta a los años 30, cuando para dar respuesta a la crisis mundial muchos países iniciaron un proceso de fuerte intervención de sus gobiernos en la economía (p.e. la creación de las Juntas de Granos y de Carnes, el BCRA …). Con el avance de los años este comportamiento se multiplicó hasta que, por una compleja y amplia telaraña de regulaciones, el crecimiento económico, que se caracterizó por ser lento, se estancó y la inflación se volvió crónica (estanflación).

Al principio las regulaciones se orientaron al control de la oferta y la exportación de materias primas y productos agropecuarios; después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60, estas regulaciones se profundizaron con una mayor inserción del Estado en los mercados p.e. nacionalización del comercio exterior con otra cración, el IAPI.

Posteriormente y hasta los años ’70 todas las políticas económicas, salvo pocos intentos, no pudieron desprenderse del comportamiento regulatorio o intervensionista del Estado. Por último, en la década del 80, los problemas de estancamiento, endeudamiento externo e inflación descontrolada acentuaron las medidas de regulación con controles de precios en el mercado interno, con permisos y autorizaciones previas en el comercio exterior, impuestos y aranceles altos, tipos de cambio diferenciales. Todo ello en coexistencia con regímenes de promoción industrial que por un lado aumentaban el deficit fiscal y por otro seguían distorsionando los precios en los mercados, etc.

Así, el Estado terminó sobredimensionado, con descontrol fiscal y en un ambiente de altísima inflación, pocas inversiones, economía cerrada y una notable y ya excesiva regulación económica. Esto ocasionó distorsiones de todo tipo, falta de competencia, alta ineficiencia de los sistemas de producción, innumerables impuestos que deformaban aún más relativos precios, varios tipos de cambio, indexaciones (ajustes de precios con variados índices), etc.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

A fines de 1990, la Argentina inicia una serie de cambios estructurales para hacer frente a los innumerables problemas, pero principalmente para contener la inflación y la desconfianza generalizada de la población: la reforma del estado, la libertad de mercados y la inserción internacional, fueron las bases de una nueva política económica.

La reforma del Estado mediante la búsqueda del equilibrio fiscal, la privatización de empresas públicas y la racionalización del gasto público.

La libertad de mercados se apoya en la desregulación económica, la no intervención ó mínima intervención del Estado en los mercados, tanto en materia de producción de bienes o prestación de servicios, como en la eliminación de todo tipo de trabas para permitir la libre producción y comercio de bienes y servicios.

Asimismo se brindó igualdad de tratamiento a las inversiones locales como a las inversiones extranjeras. Estas últimas, sobre todo, las inversiones directas acompañaron el proceso de privatizaciones y/o concesiones (teléfonos, ferrocarriles, aeronavegación, subterráneos, etc.).

LA DESREGULACION ECONOMICA

Entre la segunda mitad de 1989 y finales de 1990 se dictan tres importantes instrumentos legales: Ley de Reforma del Estado, Ley de Emergencia Económica y un Decreto de Reforma Administrativa.

Las primeras acciones de desregulación se inician en 1989 con la liberación de precios y mercados, se eliminan las restricciones para las inversiones extranjeras y se suprimió toda prohibición de importaciones y regímenes de consulta previa.

En 1990 se impulsa la liberación del mercado de combustibles y recién 1991, con el Decreto 2284 del mes de noviembre, se consolida la desregulación de manera sistemática e integral. Se desregula el mercado interno de bienes y servicios, el comercio exterior, se eliminan regulaciones públicas en los mercados de producciones regionales y de industrias de capital intensivo y el mercado de capitales.

La desregulación del mercado interno de bienes y servicios se inició con la suspensión de la Ley de Abastecimiento y el monopolio de los mercados concentradores de productos frescos, se eliminaron las restricciones de acceso al mercado del comercio minorista y sus limitaciones horarias. Los servicios profesionales también fueron desregulados. Se disolvieron organismos reguladores, gran parte de ellos, relacionados con la actividad agropecuaria.

La liberación del comercio exterior consistió en la derogación de los permisos y cuotas de importación, consultas previas, autorizaciones para la exportación, régimen de compre nacional en contrataciones públicas y se simplificaron los tramites aduaneros

Las regulaciones públicas en los mercados de los productos regionales y en las industrias de capital intensivo consistieron en la eliminación de los sistemas de promoción fiscal y franquicias especiales para la actividad industrial beneficiada (aeronáutica, construcción naval, siderurgia)

Por último, en el mercado de capitales se liberaron las comisiones de los agentes bursátiles, se simplificaron los requerimientos para la emisión de nuevos títulos, se mejoró el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores y se eliminaron impuestos (sellos, transferencias y ganancias).

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD

Por otra parte, el plan de convertibilidad, que parte del conjunto de medidas de política, para lograr la estabilización, fue impulsado en 1991. La convertibilidad se basa en dos premisas fundamentales: a) la moneda debe estar totalmente respaldada en oro y monedas extranjeras, con un tipo de cambio fijo ($ 1 = us$ 1) y sin ajustes de precios mediante mecanismos de indexación; y, b) el gobierno central no puede financiar los déficits con emisión monetaria o con aportes del Banco Central.