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Opinión

Reacción de Roque Fernández

El ministro de Economía lo acusó de avalar las protestas del campo contra la política económica. El nuevo titular del área será Jesús Leguiza, que fue subsecretario de Felipe Solá

Gumersindo Alonso, el secretario de Agricultura que Carlos Menem designó el año pasado para reemplazar a Felipe Solá, duró poco más de seis meses en el cargo. El ministro Roque Fernández lo despidió ayer sin demasiadas vueltas, acusándolo de avalar las protestas del campo contra la política económica del Gobierno. Y lo hizo sin la venia del propio Presidente, quien se enteró de la novedad cuando volaba desde Italia rumbo a Buenos Aires.

Un vocero del Palacio de Hacienda fue el encargado de efectuar el anuncio a media mañana: La medida se produjo por diferencias y cuestionamientos hacia Alonso en el manejo del área, explicó. Y el primer sorprendido fue el ex secretario.

Según dijeron a Clarín fuente cercanas al funcionario, horas antes había conversado con Fernández en buenos términos, y en ningún momento le pidió la renuncia. Con ese argumento Alonso permaneció durante toda la jornada en la sede de Agricultura, sin acatar la decisión de su superior y esperando lo que parecía casi un milagro: que Menem desautorizase a su ministro. Sus leales recién comenzaron a perder las esperanzas cuando a media tarde el jefe de Gabinete, Jorge Rodríguez, avaló la decisión de Roque.

Esta discrepancia determina que se necesita otro funcionario, fue la sintética confirmación. Pero recién por la noche el titular de Economía pudo respirar tranquilo. Fue cuando conversó telefónicamente con el Presidente, quien respetó su decisión. Enseguida se elaboró el decreto, de dos artículos: uno acepta la renuncia de Alonso, y el otro nombra a Jesús Leguiza como su sucesor.

Leguiza fue subsecretario de Agricultura durante la gestión de Solá y actualmente es asesor de Roque en economías regionales. La movida sorprendió a la dirigencia rural. El lunes, las cuatro entidades del agro habían postergado el anuncio de un paro nacional a pedido de Alonso, a la espera de una nueva gestión que llevase soluciones a la crisis del sector.

Por eso las peleas palaciegas cayeron mal. Si una persona del Gobierno está tratando de contemporizar en un conflicto producto de una profunda crisis, y como respuesta es removido del cargo, es un mensaje muy negativo, opinó Marcelo Muniagurria, el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). Previendo ese malestar, Fernández decidió convertirse en interlocutor directo con el sector.

Ayer convocó al dirigente de CRA y a la conducción de la COPAL, la entidad que representa a los industriales del sector alimenticio, a una reunión. Pero Muniagurria contestó que no iría si la invitación no incluía a todas las entidades del campo. Cuando Roque aceptó esa condición era tarde. Varios ruralistas se encontraban en el interior y el encuentro quedó aplazado para la semana próxima. De acuerdo con algunas versiones, ese día Economía podría anunciar que deja sin efecto el controvertido impuesto a los intereses, uno de los puntos más cuestionados de la reforma fiscal. El titular de CRA, sin embargo, adelantó que aun así será difícil desactivar la protesta. El miércoles que viene anunciaremos la medida de fuerza, amenazó. Además de CRA, de esta ofensiva contra la política oficial participan la Federación Agraria, Coninagro y, por primera vez en diez años de gestión menemista, la Sociedad Rural Argentina.

Este inédito consenso ante la falta de medidas de apoyo al sector es el telón de fondo de la disputa entre Fernández y Alonso. El disparador fue la reunión de Gabinete del jueves pasado, en la que Alonso se coló invitado por el secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan. Esto enfureció al ministro, quien discutió con su subordinado y lo acusó de apoyar la protesta rural. Después, con el aval de Menem, el titular de Economía condenó en público las actitudes corporativas de las entidades y acusó a algunos dirigentes del campo de pedir una devaluación.

El vaso rebasó un día después en el terruño de Alonso, la ciudad de Río Cuarto, de la que aspira convertirse en intendente. Durante un acto oficial el secretario habría vuelto a justificar la protesta del agro. Y sus dichos llegaron a oídos de Fernández. Alonso había llegado a Agricultura en setiembre, de la mano del acuerdo que José Manuel De la Sota, su padrino político, tejió con Menem para apoyar su reelección.

Ayer el gobernador electo de Córdoba estaba en Brasil. Pero sus operadores políticos intentaban hasta última hora de anoche dar vuelta una decisión que, a esa altura, ya parecía inevitable.

Las reformas económicas de los ’90

Jesús Leguiza – Mayo de 1992

La economía argentina ha estado fuertemente regulada y el origen de este problema se remonta a los años 30, cuando para dar respuesta a la crisis mundial muchos países iniciaron un proceso de fuerte intervención de sus gobiernos en la economía (p.e. la creación de las Juntas de Granos y de Carnes, el BCRA …). Con el avance de los años este comportamiento se multiplicó hasta que, por una compleja y amplia telaraña de regulaciones, el crecimiento económico, que se caracterizó por ser lento, se estancó y la inflación se volvió crónica (estanflación).

Al principio las regulaciones se orientaron al control de la oferta y la exportación de materias primas y productos agropecuarios; después de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 60, estas regulaciones se profundizaron con una mayor inserción del Estado en los mercados p.e. nacionalización del comercio exterior con otra cración, el IAPI.

Posteriormente y hasta los años ’70 todas las políticas económicas, salvo pocos intentos, no pudieron desprenderse del comportamiento regulatorio o intervensionista del Estado. Por último, en la década del 80, los problemas de estancamiento, endeudamiento externo e inflación descontrolada acentuaron las medidas de regulación con controles de precios en el mercado interno, con permisos y autorizaciones previas en el comercio exterior, impuestos y aranceles altos, tipos de cambio diferenciales. Todo ello en coexistencia con regímenes de promoción industrial que por un lado aumentaban el deficit fiscal y por otro seguían distorsionando los precios en los mercados, etc.

Así, el Estado terminó sobredimensionado, con descontrol fiscal y en un ambiente de altísima inflación, pocas inversiones, economía cerrada y una notable y ya excesiva regulación económica. Esto ocasionó distorsiones de todo tipo, falta de competencia, alta ineficiencia de los sistemas de producción, innumerables impuestos que deformaban aún más relativos precios, varios tipos de cambio, indexaciones (ajustes de precios con variados índices), etc.

LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

A fines de 1990, la Argentina inicia una serie de cambios estructurales para hacer frente a los innumerables problemas, pero principalmente para contener la inflación y la desconfianza generalizada de la población: la reforma del estado, la libertad de mercados y la inserción internacional, fueron las bases de una nueva política económica.

La reforma del Estado mediante la búsqueda del equilibrio fiscal, la privatización de empresas públicas y la racionalización del gasto público.

La libertad de mercados se apoya en la desregulación económica, la no intervención ó mínima intervención del Estado en los mercados, tanto en materia de producción de bienes o prestación de servicios, como en la eliminación de todo tipo de trabas para permitir la libre producción y comercio de bienes y servicios.

Asimismo se brindó igualdad de tratamiento a las inversiones locales como a las inversiones extranjeras. Estas últimas, sobre todo, las inversiones directas acompañaron el proceso de privatizaciones y/o concesiones (teléfonos, ferrocarriles, aeronavegación, subterráneos, etc.).

LA DESREGULACION ECONOMICA

Entre la segunda mitad de 1989 y finales de 1990 se dictan tres importantes instrumentos legales: Ley de Reforma del Estado, Ley de Emergencia Económica y un Decreto de Reforma Administrativa.

Las primeras acciones de desregulación se inician en 1989 con la liberación de precios y mercados, se eliminan las restricciones para las inversiones extranjeras y se suprimió toda prohibición de importaciones y regímenes de consulta previa.

En 1990 se impulsa la liberación del mercado de combustibles y recién 1991, con el Decreto 2284 del mes de noviembre, se consolida la desregulación de manera sistemática e integral. Se desregula el mercado interno de bienes y servicios, el comercio exterior, se eliminan regulaciones públicas en los mercados de producciones regionales y de industrias de capital intensivo y el mercado de capitales.

La desregulación del mercado interno de bienes y servicios se inició con la suspensión de la Ley de Abastecimiento y el monopolio de los mercados concentradores de productos frescos, se eliminaron las restricciones de acceso al mercado del comercio minorista y sus limitaciones horarias. Los servicios profesionales también fueron desregulados. Se disolvieron organismos reguladores, gran parte de ellos, relacionados con la actividad agropecuaria.

La liberación del comercio exterior consistió en la derogación de los permisos y cuotas de importación, consultas previas, autorizaciones para la exportación, régimen de compre nacional en contrataciones públicas y se simplificaron los tramites aduaneros

Las regulaciones públicas en los mercados de los productos regionales y en las industrias de capital intensivo consistieron en la eliminación de los sistemas de promoción fiscal y franquicias especiales para la actividad industrial beneficiada (aeronáutica, construcción naval, siderurgia)

Por último, en el mercado de capitales se liberaron las comisiones de los agentes bursátiles, se simplificaron los requerimientos para la emisión de nuevos títulos, se mejoró el funcionamiento de la Comisión Nacional de Valores y se eliminaron impuestos (sellos, transferencias y ganancias).

EL PLAN DE CONVERTIBILIDAD

Por otra parte, el plan de convertibilidad, que parte del conjunto de medidas de política, para lograr la estabilización, fue impulsado en 1991. La convertibilidad se basa en dos premisas fundamentales: a) la moneda debe estar totalmente respaldada en oro y monedas extranjeras, con un tipo de cambio fijo ($ 1 = us$ 1) y sin ajustes de precios mediante mecanismos de indexación; y, b) el gobierno central no puede financiar los déficits con emisión monetaria o con aportes del Banco Central.