LA NACION – 01/05/2024

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El Gobierno aprobó en general en Diputados antes de la movilización sindical por el Día del Trabajador; las concesiones del oficialismo para evitar un nuevo fracaso parlamentario.

La maquinaria parlamentaria del oficialismo se puso a prueba una vez más y esta vez logró aprobar en general la “Ley de bases” y el paquete fiscal. Si bien el Poder Ejecutivo lubricó el diálogo político y eliminó cláusulas que concitaban fuerte resistencia en los bloques amigos, persisten reformas de peso.

Martín Menem consiguió los votos al cuerpo total de la ley y ahora busca la aprobación de los distintos capítulos del proyecto (no se hará una votación por artículo, primer logro del oficialismo). A priori, con el objetivo de garantizar el trámite menos traumático posible, el oficialismo aceptó eliminar los temas más urticantes. Así fue como en el camino quedaron la privatización del Banco Nación, el intento por darle un nuevo destino al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) que maneja la Anses y las modificaciones a la ley de defensa de la competencia.

Entre los puntos más importantes del paquete fiscal figuran:

• Impuesto a las ganancias. El proyecto reinstala este tributo para la cuarta categoría para aquellos salarios superiores al $1,8 millones de pesos para los trabajadores solteros y 2,2 millones para los trabajadores casados con dos hijos. El Gobierno pretendía que la actualización de estos pisos mínimos fuese anual pero, ante la presión opositora, los funcionarios de la Casa Rosada accedieron a que haya una actualización trimestral este año (sería en setiembre) y que, a partir del año próximo, sea semestral. También será semestral la actualización de los topes de facturación en las distintas escalas del régimen de monotributo.
• Blanqueo de capitales. El proyecto establece que los activos por hasta los US$ 100.000 tendrán una alícuota del 0%, mientras que los montos superiores abonarán alícuotas crecientes en función del momento en que ingresen. En la primera etapa, que se extenderá hasta el 30 de septiembre de 2024, la tasa sobre el excedente será del 5%; en la segunda etapa, hasta el 31 de diciembre de 2024, será del 10%; y en la tercera, hasta el 31 de marzo de 2025, del 15%.
• Bienes Personales. Se establece una fuerte rebaja en este tributo. El mínimo no imponible subirá de $ 11 a $ 100 millones y la deducción por la vivienda familiar pasará de $ 56 a $ 350 millones, lo que implica que se reducirá la base de contribuyentes alcanzados. Estos importes se ajustarán cada año en función de la variación anual de la inflación difundida por el INDEC. Otro de los beneficios es la reducción gradual de la escala de alícuotas progresivas, eliminándose la discriminación existente para bienes situados en el exterior. Para el ejercicio fiscal 2023, la alícuota máxima que se propone es del 1,5%, la cual se irá reduciendo paulatinamente hasta alcanzar el 0,25% en el 2027, por debajo del 0,75%. Además, se crea un régimen especial que permite adelantar el pago de 5 años (del 2023 al 2027) en una cuota con una alícuota reducida del 0,45% por año por el patrimonio que supere el mínimo no imponible, y posteriormente será del 0,25% del excedente hasta 2028.
• Monotributo. El proyecto plantea un aumento tanto de los niveles de facturación –con un tope máximo de $68 millones anuales- como la cuota mensual a pagar. Esos aumentos oscilan entre el 200 y el 300%, según la categoría. Asimismo, se amplían los límites de facturación de locaciones y servicios, con nuevas categorías para este segmento, igualándolas a la de venta de cosas muebles.
• Moratoria de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social no regularizadas. Permitirá pagar obligaciones vencidas al 31 de marzo de 2024 en hasta 84 cuotas con diversos beneficios como la condonación de la totalidad de las multas y de hasta el 70% de los intereses por los saldos adeudados, dependiendo la modalidad de pago.

Algunos de los puntos más relevantes en la “Ley de bases”:

• Facultades delegadas. De las once emergencias reclamadas originalmente, la Casa Rosada pretende ahora cuatro autorizaciones del Congreso: administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año.
• Privatizaciones. De las más de 40 empresas sujetas a privatización, el Gobierno redujo sustancialmente este número y las limitó a nueve. Se incluyen Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina e Intercargo. En tanto, se propone que sean privatizadas de manera parcial las empresas AySA; Correo Argentino; Belgrano Cargas; Ferrocarriles (SOFSE) y Corredores Viales. El oficialismo debió dar marcha atrás en privatizar el Banco Nación y a las firmas subsidiarias, entre ellas Nación Seguros.
• Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI). Solo admite proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones. A ellos se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. Sectores de la oposición dialoguista pretenden que también las PyME puedan ingresar en este régimen con un monto de inversión menor.
• Moratoria previsional. Los legisladores amigos colaron un régimen de Prestación de Retiro Proporcional para aquellas personas que hubieran alcanzado los 65 años de edad y que no cumplan con el requisito de los 30 años de aporte. Fue una demanda opositora ante la decisión del oficialismo de eliminar las moratorias previsionales.

Dentro de la versión más acotadas de la antigua “ley ómnibus”, que pasó de los más de 600 artículos a los pocos más de 250 que contiene el proyecto ahora, se incluye una reforma laboral acotada. Si bien se contemplan muchos de los cambios que el Presidente impulsó en el capítulo frenado por la Justicia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, se quitaron los artículos resistidos por los sindicatos, entre ellos el de la llamada “cuota solidaria”.

Las reformas que quedaron en el capítulo laboral de la “ley de Bases”:

• Período de prueba. Si bien se mantiene la vigencia de seis meses para la generalidad, este período de prueba se puede ampliar, aunque se contempló un plazo mayor para las Pymes. Podrá ser de hasta ocho meses en las compañías de seis y hasta cien trabajadores; y de hasta un año en las empresas de hasta cinco empleados.
• Fondo de cese laboral (al estilo Uocra). Este mecanismo sirve como alternativa a las indemnizaciones y deberá ser constituido mediante convenio colectivo de trabajo. El monto del aporte mensual, que no podrá superar el 8% del salario, corre únicamente por cuenta del empleador y constituirá un fondo de cese laboral. El proceso administrativo, en tanto, deberá ser reglamentado por la Secretaría de Trabajo.
• Discriminación. Se estipula un “agravamiento indemnizatorio” en los despidos que, tras una sentencia judicial, se pruebe que estos fueron motivados por un acto discriminatorio.
• Simplificación registral. Establece un régimen simplificado de registración laboral con un aporte único para las empresas de hasta 20 empleados.

por Matias Longoni

Textos irónicos por Matías Longoni.-

Este sábado el Ministerio de Agroindustria abrirá sus puertas a la comunidad durante lo que ya se está transformando en un clásico: la noche de los museos. Las autoridades de la casa han preparado una serie de actividades para contar una larga historia de 119 años. En efecto, el Ministerio de Agroindustria (o de Agricultura, como se llamó hasta antes de que los políticos inventaran ese versito de “industrializar la ruralidad” o ser “supermercado del mundo”), fue creado el 12 de octubre de 1898 por Ley 3727.

Mientras las oficinas de altos techos (y sobre todo los choferes tomando mate) aguardan la llegada de quien será el nuevo ministro, el ex presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Etchevehere, la Noche de los Museos ofrecerá a la gente de a pie la chance de enterarse que el primer ministro también pertenecía a las filas de esa institución gremial. Fue Emilio Frers, uno de los principales impulsores de la siembra de alfalfa en el país. Sí, alfalfa. La soja llegaría muchísimo después.

Más allá de estas historias fascinantes, para los visitantes que esta noche vayan a Paseo Colón 982, la gran atracción será recorrer los pasillos de la vieja construcción diseñada por el estudio Kimbau y Cía. Fue a partir de un decreto de 1911 que asignó la mitad sur de la manzana comprendida entre las calles Paseo Colón, Carlos Calvo y Azopardo para la construcción de un Asilo Nocturno para la ciudad. Tenía 51,96 metros de frente. El sueño del pibe, pero para albergar un grupo de menesterosos que no tenían donde caerse muertos.

Dicho edificio se proyectó para dar albergue a 100 mujeres, 25 niñas, 45 niños y 370 hombres, es decir, en total a 540 personas. Se proyectó con “oficinas, comedores, baños, peluquerías, cocinas, depósitos varios, casita para el administrador, una enfermería, talleres, escuela y otros anexos necesarios; también lavadero y caballerizas; estos dos últimos en edificio aparte”.

¡Mirá si había lugar! De todos modos, actualmente no da abasto para los más de 7.000 empleados que tiene esa cartera y hubo que salir a alquilar otros edificios vecinos. Y eso que había varios “empleados” de le gestión de Julián Domínguez que hasta hace poco ni aparecían o iban a trabajar apenas unas pocas horas cada semana.

De estilo neogótico, con algunos retoques vinculados al estilo Tudor y otros renacentistas, el primer edificio que actualmente alberga a Agroindustria demandó varios años. Luego vino un segundo edificio idéntico, que se inauguró en 1931 y que ocupó originalmente una empresa llamada YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), bastante chica por ese entonces.

Recién en 1938 ambas construcciones pasaron a ser la sede de la entonces Secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Pero volvamos a esta noche, la noche de los museos. Quienes concurran a la sede del Ministerio de Agroindustria posiblemente puedan cruzarse con algunos de los fantasmas que, es vox pópuli, merodean por los pasillos de ese Ministerio.

Hay muchos fantasmas, pero los más populares de todos, por sus alaridos y gritos de desolación, son los famosos “secretarios fantasmas del 2001”.

Se trata de criaturas casi mitológicas: personas que en medio de la crisis institucional más profunda que vivió la Argentina estuvieron a punto de asumir en el principal cargo de la política agropecuaria local, pero finalmente o no pudieron hacerlo o lo hicieron durante apenas unas pocas horas.

De allí los lamentos que todavía se escuchan por las noches en el viejo edificio de Paseo Colón.

Uno de esos fantasmas todavía pulula por allí y hasta se lo menciona para ocupar una silla en la nueva gestión de Etchevehere. Se llama Bernardo Cané, es veterinario y se hizo conocido en la década de los noventa, cuando en la gestión de Carlos Menem el país lograba dominar la fiebre aftosa. Cané estaba entonces a cargo del Senasa y pocos recuerdan que estuvo a punto de ser secretario de Agricultura en marzo de 2001, cuando Domingo Cavallo regresó a la vida pública como hombre fuerte del gobierno de la Alianza. ¿Recuerdan?

Hagamos memoria. A principios de marzo de ese año, después de meses de ocultamiento por parte de la gestión de Antonio Berhongaray, estalla la crisis de la aftosa. En simultáneo también estalla la crisis económica y asume el “bulldog” Ricardo López Murphy. Tan fuerte era el ajuste que proponía que su gestión duró apenas una semana: el 21 de marzo era reemplazado por Cavallo. Pero, en medio, el área de Agroindustria vivió una gran zozobra: fue reducirda apenas a una Subsecretaría que iba a depender de la Secretaría de Producción que durante esos escasos días estuvo al mando de Víctor Savanti, un ex presidente de IBM.

De esa semana son los primeros fantasmas que hoy pululan sin destino por la sede de Agroindustria: para ocupar la degradada Subsecretaría surgieron entonces nombres como los de Eduardo Manciana o la economista Beatriz Nofal. Ambos se quedaron con las ganas.

Con el desembarco de Cavallo y el alejamiento de López Murphy, Agricultura recuperó su rango y el nombre de Cané comenzó a sonar fuerte para ser secretario. Durá apenas unas horas, pues finalmente asumió Marcelo Regúnaga y Cané fue enviado nuevamente al Senasa para hacer lo que sabía hacer bien: arreglar con el monopolio, vacunar y a otra cosa mariposa.

Cané es desde entonces como un alma en pena. A los pocos meses hasta se lo vio refugiado como ignoto asesor de un ex ministro de la Producción de Eduardo Duhalde, un tal Aníbal Fernández.

No son los únicos “secretarios fantasma” que dejó la crisis de 2001, que como todos sabemos desencadenó en el cacerolazo, las marchas de diciembre, la mortal represión, la renuncia de Cavallo y la huida del ex presidente Fernando de la Rúa.

Quienes concurran a la noche de los museos quizás puedan encontarse en un pasillo también con Jesús Leguiza. Un avezado economista correntino.

Leguiza tuvo dos experiencias que lo llevaron a ser “el eterno candidato”. La primera data fue de abril de 1999, cuando de la economía se ocupaba un economista llamado Roque Fernández. En aquel momento los cordoboses de Juan Manuel De la Sota (que había apoyado la reelección del caudillo Carlos Menem, aunque ahora se haga el distraído) habían copado el viejo asilo de Paseo Colón y uno de ellos, llamado Gumersindo Alonso, era el secretario. Pero Roque Fernández decidió reemplazarlo sin pedir permiso a Menem. En aquel momento Leguiza era subsecretario y su nombre sonó durante un par de días para asumir para asumir esa cartera.

Casi dos años después, tras la violenta crisis de fin de 2001 y cuando comenzaba la reconstrucción institucional de la Argentina, le llegó el turno de la revancha a este correntino, un técnico muy eficiente que conocía al dedillo los pliegues de la política agropecuaria, pues había acompañado casi todas las gestiones desde que Felipe Solá habitara el museo de Paseo Colón.

El 23 de diciembre de 2001, la asamblea legislativa proclamó como nuevo presidente al puntano Adolfo Rodríguez Saá. De inmediato surgió el nombre de Jesús Leguiza para hacerse cargo de Agricultura. Era número puesto y su nombre formó parte de los anuncios.

Pero la ilusión duró apenas ocho días. El 30 de diciembre de 2001 el Adolfo renunciaba y 48 horas después era reemplazado por Duhalde, aunque Leguiza tuvo que quedarse hasta fines de marzo del 2002, dado que se tuvo que reformar la estructura organizacional de dicha Secretaría a pedido de De Mendiguren, el nuevo Secretario de Produción de Duhalde.

Desde entonces pueden escucharse por las noches sordos «sapucai» de dolor en el palacio de Agroindustria de la Av. Paseo Colón.

En un colmado Teatro Vera de la ciudad de Corrientes, se suscribió el Acta de Aprobación del Pacto Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social: lo hicieron el Gobernador Ricardo Colombi, el Vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, el Ministro Secretario General de Gobernación, Carlos Vignolo y el Secretario de Planeamiento, Sebastián Slobayen.

Asimismo, en representación de la sociedad civil, lo hicieron el presidente del Órgano Asesor Colegiado, Jesús Leguiza y los presidentes de los Consejos Regionales: Carlos Vasallo (Región Capital), Alfredo Aún (Región Tierra Colorada), Martín Reiniero (Región Centro-Sur), Miguel Galarza (Región Río Santa Lucía), Vladimir Velazco (Región Noroeste) y Hugo Montenegro (Región Humedal).

Mercedes Colombres – LA NACION 04/08/2011

Un grupo de ex secretarios de Agricultura piden el fin de la intervención del Estado.

Advirtió que el Gobierno debe sacar los controles si quiere que se mantenga el crecimiento.

Convocados a un debate por la Asociación de Dirigentes de Empresa (ADE), los ex secretarios de Agricultura Lucio Reca, Marcelo Regúnaga, Rafael Delpech y Jesús Leguiza reclamaron la liberación del comercio y de las exportaciones del sector agropecuario y advirtieron que «ningún productor va a querer agregar valor a los granos, como pide el Gobierno, si no puede exportar y vender libremente, y tiene que lidiar con gran cantidad de controles».

Esta fue una de las conclusiones centrales del debate, en el que también participaron el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Hugo Luis Biolcati, y los periodistas Matías Longoni, de Clarín, y Raúl Dellatorre, de Página 12, y que se centró en el contenido del documento «La agroindustria para el desarrollo argentino, aportes para una política de Estado», presentado por Reca, Regúnaga, Delpech y Leguiza recientemente.

«Hoy todo el mundo habla
alegremente de agregar valor, pero la forma de agregar valor a nuestros granos es producir carne y leche. Y acá nadie va a producir estos productos si no los puede exportar, que es lo que pasa hoy», advirtió Regúnaga.

En esta misma línea habló Biolcati. «El Gobierno critica al campo por la sojización, pero con la intervención permanente en la carne, la leche, el maíz y el trigo empuja a los productores a hacer cada día más soja. Es el Gobierno el que está impulsando el avance del desierto verde, y el no agregado de valor», destacó el presidente de la Rural.

Por su lado, Delpech acotó que el concepto de agregado de valor no siempre es lo que parece. «Hoy en día cotiza mucho mejor una manzana o limón fresco para exportar, producido bajos determinados estándares, que estos frutos industrializados. El concepto de valor agregado es muy complejo», dijo Delpech.

Por otro lado, los ex secretarios de Agricultura coincidieron en que el sector agropecuario está teniendo un desarrollo extraordinario, pero que no está aprovechando todas las oportunidades que tiene. «La agricultura creció a un promedio del 5 por ciento anual en los últimos años. Pero el crecimiento podría haber sido mucho mayor si se hubieran aplicado las políticas adecuadas. De eso se trata este documento, de plantear qué políticas necesitamos para aprovechar mejor el momento», destacó Reca.
Delpech subrayó la necesidad de tener una visión integrada de lo rural y de lo urbano, que se expresa en el trabajo. «El país todavía tiene la visión antigua de ciudad y campo por separado, y eso es favorecido por el sistema tributario, que deslinda el aporte de la producción de los gobiernos locales, ya que la recaudación va a parar a manos del Estado nacional y éste la reparte», explicó Delpech.

Biolcati coincidió con este concepto y apuntó: «Hoy se desmerece el trabajo del sector dentro de la economía nacional».

Por su parte, Regúnaga y Leguiza enumeraron los nueve pilares sobre los que, de acuerdo con su estudio, debería basarse una buena política agropecuaria: la promoción de la adopción de tecnología; el libre comercio agropecuario; una política impositiva que priorice los impuestos coparticipables; la apertura de nuevos mercados; la construcción de infraestructura de transporte y riego; la promoción de la sustentabilidad, el desarrollo de productos estratégicos como la bioenergía; la promoción de la agricultura familiar y el fortalecimiento de la institucionalidad agropecuaria.

Luego de terminadas las exposiciones de los secretarios, uno de los panelistas destacó la necesidad de recuperar la institucionalidad del sector, uno de los pilares de la política propuesta por los ex secretarios. «La Secretaría de Agricultura pese a ser ahora un ministerio es una cáscara. Tenemos que devolverle la importancia que tenía», explicó Longoni.
Seguidamente, uno de los periodistas preguntó si el aprovechamiento de las oportunidades del mercado mundial, que propone el estudio de los ex funcionarios, no es opuesto a la defensa de la soberanía alimentaria. «Tenemos que debatir sobre si es posible solucionar el hambre del país con un modelo de producción orientado a aprovechar los precios internacionales, y ver cómo vamos a manejar el tema de los precios internos «, dijo, que además agregó: «La política agropecuaria de este gobierno es difícil de definir, por la contradicción entre los enunciados del Ministerio de Agricultura y lo que se lleva a la práctica desde la Secretaria