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Notas y artículos

La prohibición de fumar y el trabajo de 50.000 familias

Ambito Financiero, 09/11/2005
Jesús Leguiza – Fundación FEDERAR

Sin duda fumar hace mal a la salud, al igual que beber alcohol en exceso. Uno se pregunta, porqué no se prohíbe el consumo de cerveza o de vino, incluso de agua. !El veneno está en la dosis!. Hay gente que muere de cáncer en los pulmones y ni siquiera ha probado un cigarrillo en su vida; en los ´70 se decía que el ciclamato, que contiene o contenían las gaseosas colas, hacía daño, claro había que beber más de 350 latitas diarias y durante 70 años para provocarse daño. Hasta el agua hace mal si el cuerpo humano se sobre-hidrata; es más, mucha gente muere ahogada, pero no por ello se eliminarán los ríos y los océanos. No trata necesariamente de una defensa al acto de fumar o a la producción de tabaco, el tema central es cómo dar trabajo a 50.000 familias tabacaleras. Es verdad que el artículo 42 de la Constitución Nacional reconoce en forma explícita la protección y el derecho a la salud; también en la misma se plasma, con igual énfasis los derechos a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Es necesario pensar y legislar en función de la gente con sentido amplio y de amplia cobertura territorial, es decir para todos los argentinos. El federalismo no es la suma de compartimentos unitarios estancos.

Está claro que se busca proteger la salud de los consumidores, sin embargo, ¿que hay respecto de su dignidad?. ¿No es un poco facistoide obligar a hacinarse en un cuarto cerrado a quien ha elegido libremente fumar?. ¿Es equitativo destinar como máximo el 30% del área de un local comercial al sector de fumadores, cuando anteriormente esa superficie rondaba el 80%?. ¿Porque no pueden haber negocios enteros para fumadores?.

Municipio porteño

Una verdad a medias, es una mentira completa y una ley a medias es una injusticia completa. Con las sucesivas “inquietudes inquisidoras para prohibir fumar en público”el gobierno de la ciudad (la municipalidad porteña) debería ofrecer una opción válida también a miles de familias del norte argentino. El municipio más rico del país debería pensar en los trabajadores o productores pobres del norte que viven del campo y de la producción de tabaco. La prohibición de fumar en locales públicos es, además, un avasallamiento a los derechos individuales, también es un atropello a los derechos constitucionales de trabajar de una gran cantidad de pobladores de importantes zonas de Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta, Jujuy y en menor medida del Chaco y Catamarca.

En otro orden, el gobierno federal puede entrar en contradicción o incongruencias si acepta iniciativas de esta naturaleza. Uno de los impuestos más importantes que tiene el estado nacional, son justamente los gravámenes internos (bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos, artículos suntuarios, etc). Solo por las estampillas que llevan las marquillas de los cigarrillos nacionales y que las tabacaleras adquieren al contado y en forma anticipada al acto de venta, el Estado recauda más de $ 1.300 millones de dólares por año. Un tercio de las retenciones a las exportaciones del agro. El Fondo Especial del Tabaco (FET), es el equivalente a un 7 % de esa recaudación del Estado, y está regulado por la ley 19.800, del año 67; una especie de sistema de precios administrados o precios sostén inventado por el ministerio del Sr. Krieger Vasena.Esta ley ya fue cuestionada en los ‘90, pero los tabacaleros resistieron. También fue cuestionada por la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1996.Ahora la OMS logró que la Argentina, firmara un tratado internacional, el “Convenio Marco para el Control de Tabaco”, que requiere la ratificación del Congreso Nacional.

Un 80 % del FET que se destinaba a compensar la producción en función de los kilos producidos por cada unidad agrícola; en el ‘197 hubo transformar en aportes indirectos no retributivos a los factores de la producción, pasó a ser “caja verde”, o sea, apoyos que no distorsionan al comercio internacional según las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).El 20 % restante se destinaba a la reconversión tabacalera, es decir para facilitar el traspaso de los tabacaleros a otras actividades productivas.Un caso inverso fue, por ejemplo, Misiones: miles de colonos, propietarios y productores de yerba mate, té, mandioca y algodón se reconvirtieron, desde 1980, a la producción tabacalera por la existencia del FET.

Dirigentes tabacaleros

Entre los dirigentes tabacaleros nunca hubo una clara percepción de largo plazo, solo entendían, se enpecinaban y defendían aumentar la producción para competir, desde sus territorios,por una mayor producción y una mayor porción del FET.Se generaban, entonces, excedentes de producción que solo se podía exportar; así nacieron las cooperativas tabacaleras. Lo que sucede es que las exportaciones no generaban ni generan impuestos internos, entonces, a medida que crecía o crece la producción el sistema entraba en crisis, dado que disminuía, en términos relativos, el sobreprecio o la compensación que recibían los mismos productores por kilogramo obtenido; también esas cooperativas, pretendían “mantener los ingresos reales” de sus asociados pagando más. Así entraron en sucesivas o recurrentes quiebras y terminaron en manos de dealers.

Los legisladores del Gobierno de la Ciudad, se olvidan que gran parte de la población de la Capital Federal no nació en Recoleta, Caballito o en cualquiera de los “50 barrios porteños”; muchísimos nacieron tierra adentro y la mayoría precisamente en el norte. La ley que amplía las prohibiciones de fumar, para ser completa, debe asegurar medidas de apoyo directo para la reconversión productiva de esas 50 mil familias; éstas deben tener una opción de producción similar y como mínimo igual a la actividad que actualmente desarrollan. La ciudad de Buenos Aires debería, si actúa con inteligencia y equidad, aportar recursos de sus residentes, por unos 200 millones de pesos por año para sustituir al Fondo Especial del Tabaco y crear un Fondo para la Reconversión Tabacalera, tal como se ha previsto, desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) implementar sistemas de ayudas y apoyos para la diversificación de la producción.

Los tabacaleros, y principalmente los dirigentes, se tienen que preparar porque con un tratado internacional en marcha de ratificación, solo pueden ayudar en la reconversión productiva en serio; lamentablemente, si ello no se logra, los damnificados serán los más débiles, los trabajadores rurales y los pequeños productores en situación de pobreza.

Inflación provocada y retenciones

Ámbito Financiero, 10/08/2005

Jesús Leguiza
Economista y ex Subsecretario de Agricultura

En el Ministerio de Economía se piensa que las exportaciones son la causa del aumento de precio de la carne, los lácteos y también de otros productos. Sin embargo, las presiones inflacionarias están presentes desde devaluación del 2002.  Ahora, con la política de tipo de cambio alto, se inyecta más presión inflacionaria al sistema económico.

Antes de enero del 2002 era evidente el desajuste del tipo de cambio. Entonces, se decía que la economía argentina tenía salarios muy altos en dólares y que Buenos Aires era una de las ciudades más caras del mundo. La opción era la flexibilización laboral y deflación en el marco de la convertividad ó la devaluación e inflación fuera de ella (el cambio de modelo). Era manifiesto y urgente una alteración en los precios relativos. La misma convertivilidad, por otra parte, era insostenible por los déficts fiscales y la financiación con deuda pública. La Banelco y el Patacón.

En estos tiempos, se escucha con frecuencia la siguiente frase: -“el modelo cambió y ahora estamos a favor de lo productivo”-; aludiendo a lo productivo como algo incompatible con lo financiero. Esta es una creencia que delata un marcado desconocimiento de los conceptos económicos más elementales. Es un slogan o cliché instalado en el inconciente colectivo por la propaganda política para que los culpables fueran, entre otros, los bancos. En realidad estas cuestiones, lo productivo y lo financiero, son dos caras de una misma moneda: la economía real y la economía monetaria. En la jerga cotidiana se interpreta a lo productivo como lo bueno y a lo financiero como lo malo o lo no productivo. Otro de los grandes y falsos dilemas de muchos argentinos; disyuntiva superada en el siglo XVI, desde la época de Martín Lutero.

Precios relativos

En la economía, tanto real como monetaria, existen siete u ocho precios relevantes, los cuales también son indicadores de la marcha o evolución de aquella. El vínculo entre ambas caras es la tasa de interés y constituye el precio del ahorro y de los préstamos.  Los otros precios son:

a) el salario, precio del trabajo;
b) el beneficio, precio de capital físico, las inversiones;
c)  los impuestos, el precio de vivir en sociedad con un estado administrador;
d) las tarifas son el precio de los servicios públicos;
e) el tipo de cambio es el precio de la divisa o moneda extranjera; y,
f) los precios de los bienes y servicios.

Cuando éstos últimos aumentan de manera generalizada y sostenida reciben la denominación de inflación. De eso los argentinos sabemos mucho, como también sabemos que todos estos precios mencionados, a mediano y largo plazo, siempre van de la mano.

Desde enero del 2002, el tipo de cambio creció un 190% y el gobierno insiste en mantener al dólar en los $ 3, lo que equivale a un 200% de crecimiento desde que se abandonó la convertivilidad. La remuneración bruta promedio, o sea los salarios, creció entre esa misma fecha y mayo próximo pasado en un 40%. La inflación interna medida por precios mayoristas ha sido del 133% y los precios al consumidor crecieron en un 61 %, ambos al mes de junio de este año. El crecimiento de los precios mayoristas está a unos 60 puntos por debajo del crecimiento del valor del dólar pero a los salarios están todavía muy atrasados.

El salario no se ajustó por la flexibilización laboral, se ajustó por la brutal devaluación y los aumentos de precios minoristas. Las actividades que exportan se recuperaron rápidamente, porque sus ingresos crecieron en un 190 %, -menos las retenciones en algunos casos – y los salarios que pagaron crecieron solo un 40 %. Con la devaluación y con inflación ocurrida hasta ahora ya se provocó el cambio en los precios relativos; el salario medio ya quedó atrás, pero muy atrás. ¿Para qué más?. ¿Para qué generar más presión inflacionaria, equivalente a casi 60 puntos, que es la diferencia entre el crecimiento del dólar y la inflación interna mayorista acumulada?. El desafío y no menor es: ¿Cómo lograr que los asalariados recuperen los ingresos que le fueron birlados con el “impuesto devaluatorio desmedido”?.

Las retenciones y tipo de cambio

Los acuerdos de precios con empresarios, las retenciones o el control de los salarios no solucionará el problema de los precios internos. Por ejemplo, en la industria láctea existen empresas que abastecen al mercado interno con mayor preponderancia y otras que destinan gran parte de la producción a los atractivos mercados externos. En realidad lo atractivo de comprar en Argentina es el alto valor de dólar. Este es el principal imán que atrae a turistas y a importadores de todas las latitudes. No es un problema de exportadores ventajeros o de sindicalistas que recién se despiertan. El problema actual tiene una doble faceta: por un lado se generó presión interna en los costos, la devaluación induce a aumentos de salarios y tarifas; por otro lado, se genera presión externa en la cantidad de demanda debido al dólar artificialmente alto. Una manera de bajar ambas presiones, tanto interna como externa, es dejar flotar al dólar en el mercado libre. Las empresas que exportan pueden absorber los aumentos de costos sin problemas, tienen márgen y las empresas que no exportan, tienen que trasladar los aumentos de costos a los precios. ¿Se impondrán retenciones a los productos que no se exportan?

Si el valor del dólar actual fuera el doble o el triple, entonces habría más actividades o productos competitivos. ¿Es posible, es razonable?. Es necesario revisar las incongruencias del modelo del dólar alto con retenciones e inflación inducida. Fue válido para un periodo, pero ya no es más. Se está frente a un nuevo capricho, a una nueva convertibilidad de 3 a 1. El BCRA, cuya función especfíca es cuidar el valor de la moneda, programa y provoca la inflación con anticipación de un mes, otra tremenda inconsistencia. En los nuevos presupuestos se programa de inflación anual ??.

Negociaciones agrícolas internacionales: El campo frente al desafío de la OMC

Ámbito Financiero, 08/06/2005

Escribe Jesús Leguiza
Fundación FEDERAR

Los países centrales deben eliminar las subvenciones a las exportaciones, reducir sustancialmente las ayudas internas (subsidios a la producción) y permitir el acceso de nuestras exportaciones a sus mercados. Este es el frente más importante para la agricultura argentina y el ámbito de negociaciones es la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Las relaciones económicas internacionales de Argentina se mueven en tres frentes o niveles, diferentes y superpuestos: a) nivel multilateral (GATT–OMC); b) nivel regional (MERCOSUR); y, c) nivel bilateral con diferentes países aunque, en este caso, la relaciones están condicionadas por los dos primeros. En materia agrícola, la Cancilleria y la Secretaria de Agricultura trabajan en los tres frentes en forma simultánea.

A nivel multilateral, primero con el GATT y luego con la OMC, se acumulan muchos años de negociación. El Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) nació en 1947, durante Conferencia Internacional de Bretton Woods desarrollada en New Hampshire, con la presencia de 44 países. En la 1ra. Ronda de negociaciones del GATT hubo acuerdos entre 122 paises para la reducción de aranceles y medidas para crear zonas regionales de libre comercio. Años después, en la 5ta. Ronda denominada Dillon (1960-1962), se intercambiaron más concesiones arancelarias y en la 6ta Ronda, que recibió el nombre de Kennedy (1963-1967), se acordó reducir hasta un 50 % los aranceles de los productos industriales. Los productos agrícolas estuvieron siempre excluídos; justamente en esta Ronda, Estados Unidos además de negociar para aumentar sus exportaciones a la Comunidad Económica Europea (CEE), logró acuerdos adicionales para suministrar trigo a países pobres en concepto de “ayuda alimentaria”. De esta manera la agricultura aparece por primera vez en las negociaciones del GATT, pero con un tratamiento limitado: concesiones específicas por producto y sobre la base de peticiones y ofertas.

Recién en la 7ma. Ronda, que se llamó Ronda Tokio, llevada cabo entre 1973 y 1979, se abordó específicamente el tema de la agriculura y las barreras arancelarias. En ella, la entonces CEE, efectuó modestas concesiones en compensación por sus políticas de ayuda interna; ejemplo de ello es la cuota de exportación de carnes Hilton otorgada a varios países entre los que se encontraba Argentina. En la 8va. Ronda, llamada Uruguay (1986-1994), se permitió abrir los mercados para la agricultura y los servicios, restringir las subvenciones y proteger la propiedad intelectual. Esta Ronda concluyó con el acuerdo de 111 países para la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC) como entidad sucesora del GATT. Se destaca la incorporación de los temas agrícolas en la agenda de la nueva organización como resultado de la gestión de la Ronda Uruguay y por la presión ejercida por muchos países, principalmente de los integrantes del Grupo Cairns, del cual Argentina es todavía parte muy activa.

Se espera que al final de la presente Ronda, de Doha, ya en el marco de la OMC, se eliminen los subsidos a las exportaciones, se faciliten accesos a los mercados y se limiten las ayudas domésticas. La Unión Europea subsidia a las exportaciones con un monto de 2.000 millones de dólares anuales, valor poco significativo en relación a las ayudas domésticas, que son los susbsidios a la producción interna, los cuales alcanzan los 100.000 millones de dólares. Este valor es equivalente al monto de 8 años de exportaciones agrícolas de Argentina. Estados Unidos, otro de los países que subsidia algunas de sus producciones agrícolas, otorga ayudas internas del orden de los 50.000 millones de dólares. El caso extremo de protección a la agricultura es el Japón, que tiene aranceles de importación de arroz exhorbitantes, del orden del 700 %, una barbaridad para un producto “sensible”. Esta no es una limitación sino una burda prohibición de acceso a dicho mercado. Arroz, azúcar, lacteos, carnes y cereales, en menor medida, son los productos más subsidiados por los países industrializados; éstos son justamente los productos más competitivos de los países en vias de desarrollo, como el nuestro.

La mayores asimetrias e injusticias, en materia de barreras o trabas arancelarias y para-arancelarias, existen en el comercio internacional de productos de origen agrícola. El objetivo de la Ronda Doha es eliminar los subsidios a las exportaciones, disminuir la incidencia de ayudas internas y la falta de acceso a los mercados. Se deberá tener en cuenta que la eliminación de los subsidios a las exportaciones es una condición necesaria, pero no suficiente. El frente de negociaciones agrícolas más importante para la Argentina es la OMC y los temas más trascendentes son la reducción sustancial de las ayudas internas y el mayor acceso a los mercados, todo responsabilidad de los países centrales o desarrollados. Solo así se logrará mayor crecimiento y desarrollo económico, consecuentemente se reducidrá el desempleo y la pobreza.

La Cuota Hilton en el gancho

Ámbito Financiero, 05/05/2005

Escribe Jesús Leguiza-Fundación FEDERAR

¿Es la cuota Hilton un subsidio?. ¿Cuál es el rol de los poderes del Estado para la asignación de esta cuota? ¿Cuáles deberían ser los criterios, justos y objetivos ,para la distribución?. Antes de responder a estos interrogantes, es necesario preguntarse: ¿Porqué existe la cuota Hilton?. En la historia está la causa, está la explicación y la orientación para su abordaje. Los frigoríficos u operadores no son los dueños de la cuota, son damnificados y el Estado tampoco es dueño, sólo es un árbitro.

Recordemos que la cuota Hilton ha sido una compensación que la Cominidad Europea otorgó a varios países por la puesta en marcha de su propio régimen interno de promoción de carnes vacunas. El mismo fue instaurado en el año 1968 y formó parte, desde entonces, de la Política Agrícola Común (PAC). Se decía: “Este régimen combina derechos de aduana con prelievos variables y licencias de importación; además, de subsidios a los productores. Ello afectará al comercio internacional porque se promueve la producción interna del bloque y posibilita que las carnes de la comunidad se introduzcan en mercados abastecidos por otros países que pueden ser más competitivos». Los que fueron perjudicados por esta política han sido los exportadores de carnes de esa época y para ellos se gestó esa compensación.

El propósito de este artículo es agregar un granito de arena para la solución de un problema que parece de nunca acabar. Hace más de 6 meses se decía, en esta misma columna, que el Estado debería adjudicar la cuota Hilton mediante licitación pública aplicando, para ello, criterios y normas que el mismo Poder Ejecutivo utiliza en cualquier proceso de adquisición u otorgamiento de algún beneficio.

El Poder Legislativo puede proponer y sancionar una ley que brinde validez y estabilidad a “reglas de juego” claras y sencillas. En el presente y en el pasado los principales actores no se pusieron de acuerdo y obligaron a jueces a intervenir, ellos aportaron sus interpretaciones, juicios propios fundamentados o no. Esta ley deberá exigir el cumplimiento de las normas sanitarias, los pagos de impuestos, de cargas sociales y cuotas sindicales; a la vez prohibir la transferencia de cuotas, la participación de operadores quebrados o concursados y de los que no cumplieron con cuotas previamente acordadas y/o no abastecieron con productos de calidad. Estas condiciones deben estar por Ley para evitar interpretaciones. Por otra parte, el Poder Ejecutivo, mediante decreto reglamentario, debería establecer los criterios específicos de asignación anual o trianual; y, la SAGPyA mediante resolución deberá realizar la tarea de asignación periódica a través de licitación pública.

Ahora, lo importante es saber ¿cuál es el criterio a aplicar?, que es en definitiva la sustancia del problema actual. Existen dos opciones extremas, entre otras. A manera didáctica, ellas son: a) distribución de las 28 mil toneladas en forma igual entre todos los operadores habilitados. Por ejemplo, hoy son unos 70 operadores, de manera que a cada uno le correspondería 360 toneladas, si se deja un 10 % de reserva para nuevos operadores. Obtener un lote ya es un excelente negocio. Es importante aclarar que ahora existen más operadores que hace 10 años y el queso sigue siendo el mismo. Este criterio, es cómodo aunque no justo para los que hacen o hicieron mayores esfuerzos de inversión y de exportación de carnes no Hilton u otras cuotas; y, b) distribución de las 28 mil toneladas en función proporcional a los esfuerzos de exportación de carnes de todo tipo que se hicieron en el pasado (g.v.: 3 últimos años), conocido como past-perfomance y principalmente destinada a países en donde se subsidia la producción o la exportación, en este caso a la Unión Europea. Este criterio, además de damnificar al que más exporta, permite realizar una verdadera promoción del comercio exterior a costo de la Unión Europea, en este caso de los consumidores o de los estados europeos que dejan de cobrar prelievos.

La realidad estará en un punto intermedio. “Ni poco ni demasiando, todo es cuestión de medida”. La propuesta consiste en que las 28.000 toneladas se rematen en varias ruedas (rondas) de lotes individuales de 280 toneladas cada uno y agrupados en tres tipos o categorías de operadores, previamente definidos por la SAGPyA: a) grandes exportadores con past-perfomance; b) medianos operadores regionales extrapampeanos; y, c) reserva para nuevos operadores extrapampeanos, éstos en función del desplazamiento de la invernada. El valor monetario de base para cada lote de 280 toneladas deberá ser simbólico, digamos U$S 100 por tonelada, simplemente para evitar el acceso de los oportunistas sin recursos. Además de esa base dineraria se exigirá un seguro de caución por el valor monetario del 10 % de la cuota lograda. El operador que remató en una rueda, no tiene permitido el acceso a la próxima y así sucesivamente. El máximo de cuotas de un operador estará definido por su propia capacidad, convalidada y limitada por la SAGPyA. Estará expresamente prohibida la transferencia, cesión o endoso de la cuota lograda por cada uno. Este es un procedimiento claro, sencillo y transparente, cualquier agregado de complejidad será fuente de dudas. Con una Ley se brinda el marco general y las prohibiciones expresas y con un Decreto Reglamentario se establecen los criterios y los procedimientos administrativos. La cuota rematada, será de propiedad del operador, no transferible y éste perderá su derecho de un año al otro si no logra concretar sus exportaciones. La recaudación será para solventar los gastos operativos y las auditorias requeridas por el sistema. Se deja abierto el debate público.

leguizajesus@gmail.com

Política agrícola: derecho real de superficie (Nota II)

Ámbito Financiero, 14/04/05

Jesús Leguiza – Fundación Federar

Con el Derecho Real de Superficie Forestal y Frutícola (DRSFyF) la Argentina podrá multiplicar por 6 el área forestada y duplicará la superficie destinada a la fruticultura. Toda una oportunidad, principalmente ahora que se ha retomado el camino de la seguridad jurídica. Un proyecto de Ley que está listo y espera ser sancionado rápidamente.

La contribución de esta futura Ley –espero que así sea- será muy importante para el país. Ahora que nuevamente se puede empezar a programar inversiones de largo y que el país se ha retomado el camino de la seguridad jurídica. Existen más de 1.000.000 has forestadas y unas 600.000 has en fruticultura. Ambas actividades pueden multiplicarse en materia de superficies ocupadas y cultivadas. El Derecho Real de Superficie Forestal y Frutícola permitirá:

a) Realizar nuevas inversiones a menor costo: Al separar el dominio del suelo (la tierra) de lo implantado sobre la superficie, el DRSFyF permite realizar inversiones sin necesidad de comprar la tierra y, a su vez, el inversor forestal o frutícola tiene seguridad jurídica; solo necesita celebrar un contrato por la constitución de dicho derecho real y un arrendamiento a largo plazo. De esta manera se promociona la inversión forestal y, ahora también la inversión frutícola, con costos de inversiones inferiores y con seguridad jurídica. Por ejemplo, una hectárea de forestación en una de las zonas de mayor aptitud, Santo Tomé-Corrientes, donde la tierra cuesta alrededor de U$S 500 y otros tantos la implantación forestal, con el DRSFyF se podrá realizar con la mitad los recursos, es decir, se abaratará la inversión en un 50 %.

b) Mejorar la sanidad vegetal: En las áreas frutícolas, que son más de 600 mil hectáreas implantadas en todo el país, existen quintas, parcelas y fincas con montes abandonados por distintas razones: (propietarios mayores de edad que ya no pueden trabajar, propiedades con problemas legales o de herencia, propiedades dadas en garantía de operaciones bancarias o comerciales que se encuentran en gestión judicial, quiebras, etc.). Estas propiedades con montes abandonados constituyen un peligro para la sanidad vegetal, dado que son hospederos de plagas vegetales como la carpocapsa y la mosca de los frutos e impiden que los planes de lucha sanitaria logren sus objetivos de salvar o sortear las barreras para-arancelarias de las exportaciones de manzanas, peras, cítricos y otros productos agrícolas frescos destinados a Brasil, Europa, Japón y otros países.

Todas estas propiedades pueden entrar en producción mediante el acceso de nuevos inversores, quienes podrán realizar plantaciones contratando con los titulares el uso de la superficie de la misma, aumentando las inversiones y manteniendo los niveles y/o exigencias sanitarias. Los propietarios mantienen sus bienes y reciben una renta por arrendamiento.

c) Evitará la concentración de la propiedad en pocas manos: Con el Derecho Real de Superficie Forestal y Frutícola (DRSFyF) también se salva el problema de la virtual o real concentración de la tierra en pocas manos. Cualquier inversor, nacional o extranjero, puede realizar inversiones, forestales o frutícolas, sin necesidad de comprar la tierra y con la seguridad jurídica sobre su inversión. En la economía moderna el factor tierra ya no tiene la importancia de hace 100 ó más años atrás.

d) Permitirá más disponibilidad de tierras sin deforestar: En las áreas bajo riego del Alto Valle y Neuquén, Mendoza y todas las provincias cordilleranas, existen más de 1,5 millones de hectáreas con infraestructura de riego. Estas áreas están aprovechadas en un 40 %. La fruticultura bajo riego (carozo y pepita) puede crecer tres veces sin necesidad de realizar inversiones públicas monumentales. La superficie frutícola de secano (cítricos) también puede crecer varias veces, basta con recordar la importancia de los limones de Tucumán, los pomelos de Salta, las naranjas y mandarinas de la Mesopotamia. La superficie forestal implantada, que en Argentina son un poco más del millón de hectáreas, también puede crecer de 6 veces más sin competir con la agricultura o la ganadería y, por sobre todo, sin necesidad de deforestar o dañar el monte nativo.

Impacto

El DRSFyF puede tener tanto impacto como una verdadera revolución o un cambio tecnológico de envergadura, pues permitirá multiplicar las inversiones en actividades como las aludidas, con ocupación plena del territorio, con ocupación de mano de obra desempleada, favoreciendo la reactivación productiva, logrando nuevas producciones con mercados de exportación y favoreciendo el desarrollo económico de todo el país. Sin embargo, se requiere del apoyo institucional de las Asociaciones y Cámaras Empresarias para que soliciten el tratamiento urgente de los Sres. Diputados y Senadores de la Nación. Además, se descuenta el apoyo del Poder Ejecutivo y de los Gobernadores para que este proyecto de Ley, tan importante para la Argentina, no vuelva a perder estado parlamentario.